Más actos inconstitucionales y abusivos de AMLO. A propios y extraños sorprendió el “Acuerdo” del Presidente de la República. Pasa por alto la Constitución y todas las leyes que de ella emanan. Muestra total desprecio al Estado de Derecho. Un simple acuerdo “desaparece” toda la normatividad para determinar que sus obras y acciones son de “interés público y seguridad nacional”; pretende burlar el cumplimiento de las normas positivas.

Suele olvidar que las autoridades solo pueden hacer aquello que les facultan las leyes: nada discrecional. 26 artículos, que nada tienen que ver con su Acuerdo, le bastaron para destruir todo marco jurídico que deben cumplir las autoridades. 3 preceptos de la Constitución y 23 de su Ley Orgánica, sirven de fundamento a la aberración inconstitucional. Dice el Acuerdo: “Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Instruye a todas las autoridades federales para otorgar permisos provisionales sin mayor trámite; lo provisional durará 12 meses. Y, si en 5 días no responden las autoridades del ramo, se entiende que la respuesta es positiva. El presidente rompe con los procedimientos legales, hace trizas cualquier plazo para establecer uno nuevo; todo en un simple Acuerdo.

Todas las obras públicas son de “interés nacional”, sí; pero AMLO no puede calificarlas con el grado de “seguridad nacional” por simple capricho. Pretende “blindar” todos sus caprichos (obras y acciones) para que no sean impugnados, evaluados, supervisados; gastar el dinero público que le plazca, sin transparencia, sin rendición de cuentas. Los procesos de licitación para la obra pública quedan proscritos, autoridades estatales y municipales “deben subordinarse al Acuerdo administrativo que violenta el cumplimiento de cualquier norma”.

Todo aquel que tenga acción positiva para impugnar el Acuerdo, adquiere la obligación legal de impugnarlo. AMLO llegó muy pronto a las acciones autoritarias. Aborrece sujetarse al Estado de Derecho. La SCJN deberá declarar la inconstitucionalidad de otra aberración jurídica.

Analista legislativo. @HectorParraRgz

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