Es bien sabido que las personas que participan en la política mienten más de lo habitual, incluso se han realizado estudios acerca de la razón por la que lo hacen. Ejemplos encontramos muchos ayer, hoy y seguramente mañana los seguirá habiendo a lo largo y ancho del globo. Mientras que la mayoría de los políticos emplean la mentira sólo como una estrategia, algunos otros en realidad son mitómanos. ¿En cuál de estos dos casos se puede clasificar al principal actor político de la actual administración federal?

En los pasados días podemos encontrar algunos eventos cuya forma de atenderlos dista mucho entre lo que se aseguró que se haría y lo que finalmente se ejecutó. Uno de ellos es la visita del que podría convertirse en el último gobernador perredista, Silvano Aureoles, a Palacio Nacional. Otro es la detección por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de un desvió por 18 mil millones de pesos en un periodo de tres años, desde 2018 a 2021. Y, para finalizar, la tercera situación a analizar es la presunta investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hacia Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral.

Del primer caso, Aureoles, gobernador de Michoacán, había señalado que grupos delincuenciales vinculados con el narcotráfico habían intervenido en las pasadas elecciones intermedias en su entidad para favorecer al partido del presidente de la República. La respuesta del mandatario fue invitándolo a presentarle pruebas, lo que intentó hacer el perredista el miércoles al presentarse en Palacio Nacional con dicha evidencia.

Contradiciendo su propia petición y discurso, Andrés Manuel López Obrador le negó la audiencia a Aureoles bajo el argumento de que no era la instancia competente, lo que contrasta con su discurso y propuesta para enjuiciar a actores políticos del pasado, en donde él también tendría que llevar las pruebas que tiene a las autoridades competentes en lugar de haber promovido la consulta popular.

En caso del desvío de recursos públicos por parte del gobierno en turno, detectado por la ASF, el discurso de nuevo dista de los hechos. López Obrador había prometido que una vez que llegara al poder la corrupción acabaría y que no la toleraría en sus funcionarios. La evidencia es clara: a casi tres años de haber tomado posesión, vemos que la corrupción no ha desaparecido y tampoco hay consecuencias para los miembros de su gobierno que la cometen.

Ahora, acerca de la presunta investigación de la UIF hacia Murayama, el contraste entre el discurso y la realidad es hilarante. López Obrador había acusado a las administraciones anteriores de haber usado el aparato del Estado para sus intereses individuales y de su partido, situación que ahora vemos que se ha replicado constantemente en su gobierno. El uso de la UIF se ha empleado también para amedrentar, amilanar y disuadir a opositores o a individuos que se rehúsan a plegarse a la voluntad del mandatario.

Así como en su momento hubo médicos de la Universidad de Harvard que apuntaron que la característica forma de mentir de Donald Trump estaba relacionada con la patología de la mentira descontrolada, no faltará quien piense que las acciones citadas obedecen a un caso similar en el actual presidente de México.

Niels Rosas Valdez
Escritor, historiador e internacionalista
niels.rosas@gmail.com
@NielsRosasV (twitter)

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