La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se metió en un gran lío que pone en duda su interés genuino por esclarecer las causas de la caída de la Línea 12 del Metro que dejó 26 personas muertas. Desconocer el tercer dictamen de la empresa noruega DNV, a la que contrató por su “enorme prestigio”, debido a que involucra a su administración en la corresponsabilidad de la tragedia, podría ser más costoso de lo que imagina la precandidata presidencial.

En un intento por la supervivencia, ante una candidatura que se le empieza a escapar de las manos, Sheinbaum acabó también con el arma que poseía contra su rival en la carrera por la presidencia, el exjefe de Gobierno y actual canciller Marcelo Ebrard. Al reservar y desconocer los peritajes de la empresa DNV, rechaza también las conclusiones previas sobre las fallas estructurales y en el proceso de construcción, además de que levanta sospechas sobre un gobierno que atenta contra la transparencia.

El temor de la jefa de Gobierno lo definió su secretario de Movilidad, Andrés Lajous, y lo confirman las muy pocas personas que han podido revisar las páginas del tercer y último reporte del Análisis Causa Raíz (RCA): la falta de mantenimiento a la estructura elevada fue también un factor determinante para los sucesos que, el 3 de mayo del año pasado, ocasionaron la mayor tragedia en la historia del Metro de la Ciudad de México.

Según las versiones que han hecho llegar fuentes hasta esta columna, en su más reciente informe los expertos de la empresa noruega no dejaron de lado el tema de los pernos, de las fallas en los procesos de soldadura y del uso de diferentes tipos de concreto; sin embargo, también se específica que estos defectos, y sus consecuencias o deformaciones en la estructura del tramo comprendido entre las estaciones Tezonco y Olivos, debieron haberse identificado, corregido o señalado en trabajos adecuados de mantenimiento, sobre todo tras el fuerte terremoto de septiembre de 2017.

Este es precisamente el ángulo que, por lógico y razonable que parezca, el gobierno de Sheinbaum señala como “tendencioso y falso”. Y es que, a decir de Lajous, este elemento fue “sembrado” de manera sorpresiva, razón por la que rescindieron el contrato de la empresa encargada del peritaje e iniciaron una demanda civil.

El ataque a ese último dictamen se basa en un supuesto conflicto de interés de la compañía DNV, pues en su oficina de México labora como representante y asesor legal el abogado Héctor Salomón Galindo Alvarado, excolaborador del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el proceso electoral de 2012, Galindo Alvarado denunció ante el INE a Andrés Manuel López Obrador y a los partidos que impulsaban su segundo intento de llegar a la Presidencia, por conductas contrarias a la normatividad electoral. Este “pecado” lo coloca como enemigo del régimen, por lo que, a pesar de que nada tiene que ver con el grupo de expertos internacionales encargados del peritaje, Sheinbaum lo considera parte de sus “adversarios”.

El asunto es que el abogado Héctor Salomón Galindo es representante legal de DNV desde 2019, es decir, dos años antes de que la empresa firmara el contrato con el gobierno de la CDMX, el 12 de mayo de 2021 por más de 26 millones de pesos. De tal forma que, si Sheinbaum logra desacreditar con sus argumentos el informe final sobre el colapso de la Línea 12, deberá desconocer también las dos entregas pasadas, las cuales fueron favorables para su causa y lo contrario para los dos anteriores jefes de Gobierno de la capital.

mario.maldonado.
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