Días antes de tomar posesión como presidente de la República (23 de noviembre de 2018), Andrés Manuel López Obrador, entrevistado por Azucena Uresti, se comprometió a que al final de su gobierno la incidencia delictiva en México disminuiría 50% respecto de los últimos 10 o 12 años, dijo. Es decir, su techo, sumando las víctimas del sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto (254,337 personas muertas), equivaldría a 127,168 homicidios del crimen organizado (en su gobierno no hay guerra ni, por lo mismo, víctimas de las fuerzas armadas). Esto equivale a 12 mil muertos más, respecto de Felipe Calderón; y 11 mil muertos menos que con Enrique Peña Nieto.

El pasado 15 de julio, en su espectáculo matutino, López Obrador señaló: “si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”. Tres días después, el 18 de julio, el diario francés “Le Monde” publicó que para asegurar la protección política, los cárteles derramaron sangre no solo para infiltrarse más en el estado, sino para gobernar con él; y que el gobierno se encuentra invadido por el narcotráfico. México, afirmó el diario tomando como referente el papel que jugó la narcopolítica en las pasadas elecciones, se encuentra bajo el creciente dominio de la “Mafiocracia”.

Al día siguiente, el 19 de julio, el Papa Francisco envió un mensaje a la región de Tierra Caliente, en Michoacán, arrasada por la lucha entre bandas del crimen organizado que se pelean la plaza -sin que las autoridades civiles o militares protejan a la población-, pidiendo a los responsables de tanta muerte y desolación que se conviertan; a los habitantes de la región, que no cedan a la tentación de adecuarse al circuito del narcotráfico y la violencia; y, a las autoridades, a que se comprometan en la erradicación del crimen y la impunidad.

El 20 de julio, un análisis informativo dió a conocer que 28 de los 50 municipios más violentos del país son gobernados por Morena. Dos días después, el 22 de julio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que al pasado 31 de mayo, la cifra asciende a 91 mil homicidios dolosos. Esto es 3 veces más que en el gobierno de Felipe Calderón, y dos veces más que en el de Enrique Peña Nieto, en el mismo periodo; y se coloca, en 30 meses, a 28.5% de alcanzar el 100% de la meta planeada para el final de su gobierno (72 meses).

El presidente, con su característica insensibilidad hacia las familias de las víctimas, no se ha dado cuenta que su estrategia -como la del combate al Covid 19- es fallida, no sirve; que en lugar de ir a la baja, la cifra negra está aumentando; que en lugar de contener al crimen organizado, éste cada día conquista más espacios de la geografía nacional; que a pesar de que el presidente creó la Ley Nacional para el Uso de la Fuerza con el propósito de crear protocolos adecuados y erradicar los abusos, no la usa, permitiendo que cada día más hogares mexicanos se enluten.

El presidente no debe esperar al término de su gobierno para evaluar su gestión. Desde ahora es importante que se dé cuenta que -con estas cifras- su administración ya está en el basurero de la historia.

Más allá de su discurso “reparte culpas”, AMLO debería asumir su responsabilidad sin pretextos. La realidad de México demuestra que fracasa su estrategia contra la inseguridad y desmiente por igual, a López Obrador candidato y gobernante.

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