En días pasados la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, reformas a la Ley Minera, para que el litio sea patrimonio de la nación. La llamada “Ley del Litio”, resulta  innecesaria y se ha querido meter como tema fundamental. La Constitución General en su artículo 27 señala, y muy claro, que le pertenece al estado mexicano, por lo que esta reforma es distractora para no hablar de temas fundamentales, como son la economía, salud, seguridad.

La nacionalización de este mineral ha sido vendida por el Gobierno como un “momento histórico”.  Un senador de la bancada de Morena e impulsor de la nacionalización, ha llegado a decir que los beneficios derivados de su extracción “ayudarían a pagar toda la deuda externa del país”.

El tema se manejó como una coyuntura en la comunicación política del ejecutivo federal y utiliza distractores en sus múltiples expresiones. Por ahora, todo son deseos y esperanzas. Todavía no hay yacimientos en explotación y los planes para crear una empresa paraestatal encargada de la actividad están rodeados de dudas sobre la falta de capacidad técnica.

Pese a lo sonoro del anuncio de la nacionalización, México en el mundo, no es considerado como un productor competitivo. El Servicio Geológico de EU lo sitúa como el décimo país con mayores reservas del mundo. Sin embargo, los números son menores en comparación con los de los líderes del ranking. La cantidad de mineral identificada en México asciende a 1.7 millones de toneladas —el 2.3% de las reservas mundiales—, frente a los 21 millones de Bolivia, o los 19 millones de Argentina.

El Gobierno creará, de acuerdo a los cambios a la ley minera, una empresa paraestatal para desarrollar esta actividad. El Gobierno tampoco dispone de la tecnología especializada para explotar este recurso, hallado en roca, arcilla o salinas, y llevarlo a un nivel de pureza suficiente para poderlo utilizar luego en la industria, en la fabricación de baterías u otros dispositivos.

La reforma plantea, además, que el Estado administre “las cadenas de valor económico” del mineral. No queda claro si incluye la intervención de la nueva empresa en la fabricación de dispositivos electrónicos. Monroy opina que lo más probable es que el Estado se limite a las tareas de exploración y extracción. Un experto consultor opina: “lo máximo que podría hacer es sacar el material en bruto, comercializarlo a un tercero, pero el tercero es que el que va a poder extraerle el valor. México no capturaría toda la riqueza”, señala. Es probable que serán varios años hasta que el Estado consiga empezar a producir, según los expertos.

Esta ley es consecuencia de los resultados en la aprobación de al “ley de energía”, situación esperada, pues a través de Twitter, el ejecutivo federal, envió un mensaje en el que anticipo un resultado adverso en la votación de la reforma eléctrica;“Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar”, cambió el tema al del litio pasando en “fast track”, una reforma importante, pero inadecuada la forma por  distraer la atención. Se “nacionalizó lo nacionalizado” en el artículo 27 Constitucional.

El presidente de la República acentuó el discurso del odio con argumentos dispares, adopta expresiones diversas y adquiere diferentes niveles de gravedad, desde manifestaciones difamatorias hasta discursos que llaman abiertamente a la violencia.

Algunos articulistas opinan que lo que vemos en las conferencias de la mañana refleja un estilo de gobierno y no solamente una rutina publicitaria, y si es así, hay razones para estar intranquilos. Preocupante porque no se advierten límites, ni prudencia; porque se exterioriza el desprecio por la ley, la experiencia, el conocimiento técnico, etc, pero sobre todo a quienes piensan diferente.

Expresidente municipal de Querétaro y exlegislador federal y local