Otra semana transcurre sin que se publique en el diario oficial de Querétaro, La Sombra de Arteaga, la reforma al Código Civil de la entidad que permite el matrimonio igualitario. Resulta extraño que esta situación continúe, puesto que no habría impedimento democrático válido alguno para detener la publicación. ¿Qué es lo que está pasando en la Casa de la Corregidora?

En los últimos días de la pasada legislatura, el Congreso local aprobó la iniciativa a la reforma al Código Civil para legalizar el matrimonio

entre personas del mismo sexo, no obstante, el entonces gobernador de Querétaro no la publicó. Si bien la administración en turno podría entregar algunas observaciones a la reforma, e incluso podría vetarla, no se percibe ninguna razón válida para ello. Por ende, existe gran zozobra e incertidumbre en torno a las posibles acciones que el gobernador Mauricio Kuri pudiera decidir en este tema.

Según los reportes, el Poder Ejecutivo continúa con el análisis de la reforma que fue aprobada por los diputados de la pasada legislatura local, intentando escuchar “voces a favor y en contra”, como se informa que apuntó la actual secretaria de Gobernación, Guadalupe Murguía. Ella misma reconoció que los principales grupos que se han manifestado en contra de esta publicación están asociados, de una manera u otra, con la Iglesia católica.

Grupos de esta naturaleza, es decir, apoyados, fondeados, influidos y alimentados por la Iglesia católica, identificados como grupos provida o, en este caso, protectores de lo que ellos denominan la “familia tradicional”, constantemente se han manifestado para conservar el statu quo, lo que restringe la libertad y los derechos de las personas. Incluso en días recientes han pedido que se realice una consulta ciudadana en torno a la reforma del Código Civil de Querétaro que permite el matrimonio igualitario. Desde luego, la solicitud no procedería.

Lo que no se comprende es que es justamente la libertad la que nutre a la sociedad y le permite coexistir a cada uno de los individuos que la conforman. Son los derechos los que protegen esas libertades, por lo que debemos abogar por ellos para dotar de condiciones dignas y equitativas para todas las personas de la sociedad, no sólo para un segmento de ella.

De la misma manera, negar una libertad indispensable y de la mayor importancia a un individuo por una cuestión religiosa es una respuesta limitada y arcaica que no encuentra cabida en un escenario más integral y moderno como el que nuestra sociedad apunta.

En un Estado laico como el nuestro, no se puede contemplar las ideas, percepciones, dogmas, etc., religiosos para moldear la política pública. Las políticas públicas, entre ellas las leyes, reformas a códigos civiles, etc., deben ser construidas rigurosamente con base en el conocimiento que nos dotan las ciencias sociales y naturales.

Si aspiramos a ser una sociedad más moderna, equitativa y menos violenta las trabas para garantizar la libertad y derechos a los individuos, sobre todo los más vulnerables, deben desaparecer y no ser contempladas para obstaculizar el progreso social. El gobierno de Kuri no debe prestar tanta atención ni sentirse presionado por grupos que busquen deteriorar la libertad y los derechos de las personas.

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