En uso del nuevo derecho constitucional por el que se concede al Presidente de la república presentar iniciativas con tratamiento preferente en el Congreso, el presidente Calderón envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma amplia a la Ley Federal del Trabajo. Tiene como principal propuesta flexibilizar el mercado laboral, pero toca muchos apartados que pretenden modernizar conceptos y procedimientos; por primera vez en todo lo que fue el sexenio se incorpora al debate legislativo la propuesta de democratizar la elección de las directivas sindicales y transparentar su patrimonio.
Ya existe un cúmulo de descalificaciones y sobreinterpretaciones de la reforma, y están desatadas las resistencias corporativas con asiento entre las bancadas del PRI. Sin embargo, también hay algunos señalamientos atendibles de voces autorizadas en la materia que, en análisis sistemático de los cambios que propone, plantean consecuencias que no estarían acorde con lo que siempre ha postulado el PAN en materia de los derechos de los trabajadores.
En este ambiente creciente de presiones tendrán que salir al paso los diputados federales del PAN y resolver cuál es el justo medio para la aprobación de una reforma moderna y equilibrada, que sirva tanto a patronos como a trabajadores y en general a la sociedad mexicana. Ese reto pasa, además, por empezar a concretar en los hechos la conseja del presidente del partido, Gustavo Madero, para recolocar en la agenda legislativa los fines democratizadores que se fueron abandonando en el transcurso de los últimos años, unas veces bajo el pretexto de la gobernabilidad, otras en aras de negociaciones electorales que a la postre de nada sirvieron. ¿Dónde encontrar ese norte? Sin duda alguna, en nuestros antecedentes legislativos.
En 1995, a través de su primer grupo de senadores que entonces encabezaba Gabriel Jiménez Remus, el PAN colocó en el Congreso un proyecto de reforma integral a la Ley Federal del Trabajo. Plasmó ahí su visión humanista del mundo del trabajo y su apuesta por la libertad y la democracia sindical, como condición sine qua non, para modernizar las relaciones laborales, y hacer respetar el principio esencial en el que radica el trabajo humano, la eminente dignidad de la persona. “De ahí que el derecho al trabajo no pueda quedar sujeto ni por el sindicato ni por el patrón, ni por el gobierno a la imposición de criterios ideológicos o políticos”, diría en tribuna el hoy embajador en Cuba.
En términos de plataforma o programa, aquella iniciativa es el producto más decantado y completo de nuestra posición ideológica, incluso doctrinal; se desarrolló cuando el PAN era todavía oposición nacional pero ya se constituía a la vez en una experiencia amplia de gobierno local y una fuerza decisoria en las cámaras. En su estructura y desarrollo técnico la iniciativa abrevó del expertise de Néstor de Buen, y entre sus suscriptores destacan las firmas de Luis Héctor Álvarez Álvarez, Luis Felipe Bravo Mena, José Ángel Conchello Dávila, Norberto Corella Gil Samaniego, Mauricio Fernández Garza, Emilio Goicoechea Luna, Alfredo Ling Altamirano, Benito Rosel Isaac, Francisco Xavier Salazar Sáenz, Rosendo Villarreal Dávila y Leonardo Yáñez Vargas, entre otros.
Tuvo en el centro de su impulso la garantía del derecho para formar libremente las organizaciones sindicales y unitarias que convengan a la defensa de los intereses de los trabajadores y del derecho a la contratación colectiva, sostenida por la bilateralidad, sin apartados de excepción que impidan a los trabajadores pactar en forma auténticamente concertada sus condiciones de trabajo. Fue cuando el PAN clara y contundentemente trazó su oposición a que desaparezcan los contratos colectivos.
Propugnó por el derecho al uso de la huelga sin procedimientos administrativos que limiten su instrumentación cuando la mayoría de los trabajadores lo decidan en la defensa responsable de sus intereses. Un claro rechazo a mayores restricciones al derecho de huelga. Derecho a la participación social en el seguimiento y vigilancia de la impartición de justicia laboral.
Propuso la desaparición de la toma de nota y del registro de los sindicatos en las condiciones actuales que permite la intervención del Estado. Que los derechos laborales sean considerados como derechos humanos.
Como cambio estructural del modelo de impartición de justicia laboral, propuso crear tribunales de trabajo de jurisdicción plena en los cuales se creen resoluciones con fuerza vinculatoria; “para que de una vez por todas se termine con esa especie de mercados turcos de indemnizaciones en los que se han convertido los tribunales laborales (...) Debe suprimirse de plano el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que en la especie implica la encarnación de los pretextos del gobierno para controlar los movimientos sociales surgidos en el seno y la actualización de la lentitud, ineficiencia en perjuicio de la clase trabajadora”.
Ahora que tanto hemos dicho que retomaremos nuestras banderas y volveremos a colocar los máximos de nuestro ideal de cambio democrático, no hay duda de que la iniciativa de 1995 es un documento de ineludible consulta para recuperar ese talante y orientar el criterio sobre los elementos que no pueden dejar de estar en un eventual dictamen y aquellos que deben ser incorporados, como deber de los legisladores de enriquecer los proyectos de ley. Por lo pronto, la democracia y la transparencia sindical son valores irrenunciables en una reforma laboral que se precie de auténtica e integral.
Senador por el Partido Acción Nacional
