En estos últimos años ha quedado más que evidente que desde el poder judicial se anteponen los intereses de grandes transnacionales por encima de los intereses del estado mexicano y el pasado 31 de enero acabamos de tener una ulterior prueba, cuando los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales yendo en contra de una determinación del pleno, de abril de 2021, declararon como “inconstitucional” la ley de la industria eléctrica (LIE) aprobada por las cámaras de diputados y senadores en 2021.
Nos es dato menor señalar que ambos ministros fueron promovidos para ocupar su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el panista Felipe Calderón, aquel que desde el poder favoreció el interés de grandes transnacionales españolas del sector energético, como Iberdrola, Naturgy, Fisterra y Acciona y que luego fue integrado al consejo de administración de una filial de Iberdrola en Estados Unidos al igual que la que fue su secretaria de energía, Georgina Kessel (consejera independiente de Iberdrola entre 2013 y 2020), muy probablemente, y tal como se hace en España, por el pago de los favores recibidos desde el poder.
El 31 de enero, Pérez Dayán y Aguilar Morales concedieron un amparo a seis empresas pertenecientes a la transnacional francesa Engie. El pueril argumento del poder judicial que defiende intereses extranjeros es que se trata de “proteger” a pobres y pequeñas empresas del monstruo monopólico que es CFE en México, según ellos.
Sin embargo, la realidad es muy diferente. Favorecer a Engie en México, por encima de CFE, es favorecer a una transnacional extranjera que opera en 31 países, que tiene casi 100 mil empleados, que tiene ingresos del orden de los 94 mil millones de euros (unos 2 billones de pesos) y una capacidad de generación de casi 4 GW.
Es hasta ridículo, además de ofensivo, que ministros de la Corte defiendan de “posibles prácticas monopólicas” de CFE a empresas que forman un oligopolio en sus propios países, como es el caso de las españolas Iberdrola, Naturgy y Endesa, empresas que controlan el 90 por ciento del sector eléctrico español.
Verdaderamente patético que ministros de la corte defiendan de “posibles prácticas monopólicas” a empresas extranjeras que, en 2021, controlaban ya el 62 por ciento de la generación de energía eléctrica en nuestro país mientras que la acusada de “posibles prácticas monopólicas” ya sólo generaba el restante 38 por ciento.
