El 10 de junio es una fecha emblemática en nuestro calendario cívico, misma que, no ha tenido la debida atención de parte de autoridades y mucho menos de la ciudadanía, pues se han cumplido 11 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, un cambio paradigmático sin precedente en nuestro ordenamiento jurídico. Con la incorporación de una perspectiva de respeto de los derechos humanos en un sentido amplio, todas las autoridades del estado mexicano se han vuelto garantes de una amplia gama de derechos para todas las personas.
Fue gracias a la reforma constitucional en cuestión que, las generaciones de hoy tenemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos con mayor libertad e igualdad sin distinción de género, estrato social, o de cualquier otro tipo de orientación que en el pasado no solo limitaba la expresión de nuestra dignidad, sino que además se veía fuertemente restringida por las propias normas que no contenían la filosofía que hoy priva en todo el derecho mexicano.
Es esta sociedad mexicana del siglo XXI, la que tiene la posibilidad de tener a la ley como una verdadera herramienta de transformación social, no en un sentido genérico, sino en una visión particular que ha logrado transformar para bien la vida de millones de personas, pues esta visión progresista del derecho, permite robustecer la argumentación de los operadores del derecho para lograr conquistas tan particulares como la liberación de mujeres indebidamente privadas de su libertad, hasta bienes colectivos de gran envergadura como la protección del derecho a un medio ambiente sano.
Sin duda el desarrollo teórico y práctico de la reforma a más de una década de implementación, ha tenido avances sustantivos para nuestra patria. No obstante, toda estructura social es perfectible, pero en esta época el andamiaje institucional ha tenido la suerte de coincidir en tiempo y espacio con las personas correctas que, al frente del poder judicial de la federación, han vuelto a los precedentes del tribunal constitucional de nuestro país, letra viva y protectora de la justicia.
El reto para las y los mexicanos es construir una cultura jurídica que vaya aparejada de una cultura de la legalidad, con el propósito de conocer más allá del texto normativo, su alcance y aplicación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha logrado con éxito socializar entre amplios sectores de la población, el conocimiento de nuestros derechos, aún queda un camino amplio por recorrer, sin duda la participación activa de la sociedad será la clave para profundizar el cambio hacia una verdadera justicia transicional, pues todo cambio de régimen, también conlleva un cambio en las estructuras jurídicas.
Twitter: carlosfcps / FB: Carlos Velázquez
