Guillermo Vega Guerrero, exalcalde de San Juan del Río, aseveró que la detención de exfuncionarios de su administración, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se generó gracias a las denuncias que se presentaron.

Detalló que durante su gobierno se reunieron los elementos para denunciar a un funcionario del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Agregó que la denuncia provocó que la persona señalada pasara por un proceso judicial que terminó llevándola a prisión.

Además, de los dos exfuncionarios contra quienes existe un proceso, sólo uno laboraba como servidor público en la presente administración municipal.

Precisó que en ambos casos se trató de personas que encabezaron la Dirección de Protección Civil, aunque tanto la Fiscalía como la actual administración municipal de San Juan mantuvieron los nombres reservados, pero por otras fuentes se supo que uno de los detenidos fue el actual síndico Carlos Fernando Rafael Zamorano Estrella, quien durante el gobierno de Guillermo Vega se desempeñó como director municipal de Protección Civil, secretario particular y secretario de Gobierno; las mismas fuentes señalaron a Fernando Arteaga Benítez como el otro imputado, quien se desempeñó como titular de Protección Civil.

Las investigaciones al interior de su gobierno arrojaron que efectivamente existió una mala actuación, toda vez que se detectó que se otorgó un servicio público de forma condicionada.

Vega Guerrero argumentó que una vez que el Órgano Interno de Control reunió todas las pruebas en contra de los funcionarios, se determinó que lo ocurrido era una falta grave y, por tanto, se ingresó el reporte correspondiente a la Fiscalía Anticorrupción del estado.

“En cuanto recibimos la denuncia de una empresa sobre una mala actuación sobre el condicionamiento de un servicio público ordené que de inmediato se diera vista al Órgano Interno de Control para que, en ejercicio de su función, se analizara el caso y se actuara en consecuencia”, aseguró el expresidente municipal.

Explicó que durante su administración municipal cumplió con su obligación de actuar en contra de irregularidades, por lo que será ahora la Fiscalía la que deberá estudiar el caso y un juez dictará lo que, conforme a derecho, corresponda.

Aseguró que todo posible acto irregular le fue reportado durante el tiempo que fungió como alcalde y que en cada uno de los casos se realizaron los procedimientos correspondientes.

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