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El proceso de reformas estructurales que el gobierno federal planteó como estrategias para el desarrollo de México prácticamente ha terminado, en lo fundamental ha cambiado el marco institucional en las materias energética, financiera, laboral, de telecomunicaciones, de competencia económica y fiscal, por citar algunas de las más relevantes. Seguramente eso será parte de lo que se resaltará en el próximo informe de gobierno.
Un segundo aspecto que también será parte de la agenda corresponderá a la gradualidad de las medidas. Una vez aprobadas se reconocerá que sus resultados no serán de corto plazo. El mejor ejemplo lo representa el sector energético, ya se han hecho ajustes a la baja en lo referente a la producción de hidrocarburos que se alcanzará para fin del sexenio. Sin lugar a dudas el mensaje será de que hemos iniciado el camino, pero que debemos esperar.
Lo anterior convive con una desaceleración económica que no ha terminado, que se ha prolongado más allá de lo estimado por el gobierno. El sexenio corre el riesgo de, en el mejor de los casos, terminar con un promedio de crecimiento económico que solo alcance el 3%, aun con las reformas aprobadas.
El bajo dinamismo sigue presente en el mercado interno, el alza en la precarización laboral lo limita. El aumento de empleo se da en salarios que oscilan entre uno y tres salarios mínimos, las oportunidades laborales para quienes ganan más de tres salarios van a la baja.
La inversión y productividad son parte de la solución. El gobierno confía en un aumento de la primera derivada de la reforma energética, del programa de infraestructura y del déficit autorizado para aumentar el gasto de gobierno. El pendiente a solventar es garantizar la efectividad del gasto público, un tema no abordado y que reclama una reforma de la administración pública: se debe garantizar que el gasto no solamente se ejerza en tiempo y forma, se requieren resultados productivos.
En el último aspecto reside la mayor área de oportunidad para el gobierno, el Segundo Informe puede ser el punto de partida para una nueva etapa hasta hoy ausente en la estrategia oficial. El Pacto por México se realizó con los partidos políticos, de ahí surgieron las reformas. Se tuvo la habilidad política para construir consensos y generar resultados legislativos. Ahora el desafío llega al terreno de mayor debilidad para la administración pública mexicana en los últimos 40 años: propiciar crecimiento económico mayor al 5% de manera sostenible sin endeudamiento que a su vez promueva el bienestar de la población.
El tema de la elevación del salario mínimo representa un ejemplo de los pendientes a solventar. En realidad el problema es la precarización del mercado laboral, es decir, de la caída del poder adquisitivo de todas la remuneraciones y prestaciones sociales que reciben los trabajadores, no solamente del salario mínimo. Este último debe retomar su verdadero sentido, ser una red de protección contra la pobreza, sin embargo, también se debe avanzar en la elevación de la productividad de la economía.
La reforma laboral debería atender dicho punto, pero no lo ha hecho. No se trata de generar empleo de cualquier calidad, debe ser en mejores condiciones. De no lograrse, la Cruzada Nacional contra el Hambre y los programas para abatir la pobreza seguirán requiriendo de recursos millonarios que no resolverán el problema.
Implementar proyectos productivos a nivel nacional y regional es fundamental, y para ello se requiere de un gran acuerdo nacional con el sector productivo y con los sindicatos.
El Segundo Informe de Gobierno es la oportunidad de generar cercanía con quienes realmente pueden hacer crecer a la economía, quienes invierten y generan empleo. Dicha alianza puede ayudar a que las reformas cobren vida. Si no se logra el marco institucional aprobado, podría quedarse sólo en el papel.
* Director general de Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
