Lo habíamos comentado, si México desea superar los desafíos estructurales que enfrenta debe transformarse, debe cambiar para progresar. Si el país continúa con la misma inercia solo verá exacerbar los desequilibrios que vive, y que le han llevado a profundos problemas de inseguridad y marginación.
Se deben crear programas de desarrollo económico y social realmente productivos, de perfil industrial, que sean complementados con programas de desarrollo social. Es la mejor manera de aumentar el valor agregado, el contenido nacional y el empleo formal bien remunerado, el verdadero mecanismo de movilidad social que la nación requiere.
Es prioritario elaborar un acuerdo productivo con el sector privado y los trabajadores, orientado a solventar los problemas de pobreza y precariedad laboral. Para que sea sustentable debe tener una base productiva, en donde las empresas sean el motor de crecimiento y de distribución de la riqueza.
Para avanzar el país debe olvidar aquellos paradigmas que fragmentan, que impiden crear una Agenda Mínima por México.
El liderazgo en ese sentido debe ejercerse desde el sector público, básicamente porque las reformas estructurales aprobadas han cambiado el marco institucional y las reglas del juego, pero no han modificado a las instituciones ni a sus actores.
Los funcionarios se han desarrollado con incentivos y paradigmas basados en estrategias y políticas públicas con una orientación que negó el fomento económico a la empresa nacional como mecanismo para alcanzar mayores niveles de crecimiento y de empleo formal.
Sin el sector privado los planes de gobierno son insuficientes para alcanzar metas más ambiciosas, ¿cómo elevar la productividad de cuatro millones de empresas sin su participación?
Intentar solventar viejos problemas con esquemas añejos es una invitación a permanecer en el círculo vicioso de políticas públicas que ya han demostrado que no son el instrumento adecuado. El presupuesto público y la política fiscal no alcanzarán para hacerlo, atender a 60 millones de personas pobres por ingreso no puede lograrse con recursos públicos, nunca alcanzarán.
El anuncio de la estrategia de “desarrollo integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad” en tres entidades de la república es la nueva respuesta oficial a la inestabilidad social que vive México.
Con ella se buscará revertir más de tres décadas de bajo crecimiento económico, 25 años de programas focalizados de atención a la pobreza y veinte años de ausencia de una política industrial. Evidentemente que se deberá observar el detalle del programa, fundamentalmente porque deberán resolver los problemas que México enfrenta y ser congruentes con los cambios aprobados. Tarea nada fácil.
No se puede olvidar que las reformas estructurales corresponden a la búsqueda de respuestas en un modelo económico que corresponde a la lógica de los años ochenta, cuando la apertura comercial era la alternativa ante la crisis del mercado interno. Sin embargo las medidas de comercio exterior no se complementaron con el fomento económico de la industria nacional, el resultado final es el que hoy conocemos: baja productividad y competitividad.
El programa de desarrollo anunciado por el presidente debe enfrentar la fragmentación de las cadenas productivas, revertir el proceso de “Sustitución de Productos Nacionales” por importaciones. Debe romper con el argumento simplista de que comprar al exterior es mejor porque es más barato. Una consideración que se sigue utilizando ante la invasión de productos chinos.
“Lo barato puede salir caro”, en el mediano y largo plazo ello implicó el cierre de empresas mexicanas que no podían competir con las extranjeras.
En principio el programa tiene componentes positivos, habrá que observar si posee el fondo necesario para cambiar la realidad económica y social de México. Parte de la tarea iniciará hacia el interior del propio gobierno.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico