Con el fin de obtener mejores resultados en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó cambios a la ley antilavado para dar más facultades a la Policía Federal (PF).
De acuerdo con el segundo informe de auditorías individuales, es necesario fortalecer la participación de la PF en la prevención de delitos de operaciones con recursos ilícitos.
Se debe actuar de manera coordinada con las instancias correspondientes, así como con reguladores y supervisores del sistema financiero mexicano, concluye el informe entregado a la Cámara de Diputados.
Ello para evitar que el trabajo a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sea en vano y pueda servir en las investigaciones de la PF para prevenir y detectar hechos delictivos.
En opinión de la ASF, la UIF hace su trabajo con el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar probables hechos delictivos, pues logró identificar mil 120 personas de alto riesgo, y promover 112 denuncias que derivaron en igual número de averiguaciones previas.
Sin embargo, en el ámbito de seguridad pública no se contó con elementos que permitieran determinar el impacto de los productos de inteligencia elaborados por la PF.
Por esa razón, sugirió a la Cámara de Diputados revisar los artículos 3, 44 al 46 y 50 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Con ello se reconocerá la personalidad jurídica de la PF como instancia con responsabilidades, y ampliar sus capacidades de investigación.
