El inicio de 2013 para el sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones se caracterizará por las grandes expectativas que el llamado Pacto por México ha generado entre miembros de la industria y diversos analistas.
En la agenda inmediata se esperan definiciones concretas en los temas de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta; el avance en el proceso de Transición Digital Terrestre (TDT); el rescate de la banda de 2.5 Gigahercios (GHz), así como el debate en torno a una ley de telecomunicaciones y radiodifusión con visión convergente.
Más adelante, los analistas esperan definiciones en lo relacionado con la modificación o no del título de concesión de Teléfonos de México (Telmex) para que la compañía de Carlos Slim esté en condiciones de ofrecer servicios.
“Es una decisión que no debe corresponder a los tribunales ni que se deba de dirimir ahí, sino con base en una política pública que estamos esperando”, dice el especialista Gabriel Sosa Plata.
Se esperan definiciones en la emisión del reglamento interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para terminar con el problema de doble ventanilla, la incursión de México en el mercado satelital con los lanzamientos del Bicentenario, Centenario y Morelos 3, entre 2012 y 2014, así como la obtención del primer y segundo dividendos digitales con el despeje de las bandas de 700 MHz y 600 MHz.
En opinión de Salma Jalife Villalón, especialista del sector, la convergencia tecnológica exige una nueva manera de ver a las telecomunicaciones. “Ese es un tema principal porque sobre la base de esa nueva ley, en la medida que se fortalezca al regulador, se eliminará la doble ventanilla”.
En el tema de la banda ancha independientemente de que se genere un derecho fundamental, tiene qué ver con otros aspectos, por ejemplo, cómo vas a lograr la penetración de la banda ancha. “Porque una cosa es el tema de que sea un derecho, pero de ahí a que te llegue, pues pueden pasar muchos años”, dice Jalife.
El pasado dos de diciembre las principales fuerzas políticas del país firmaron un acuerdo que pretende, entre otros temas, “intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones...”
El Pacto planea dotar a la Comisión Federal de Competencia (CFC) de mayores herramientas legales mediante las reformas necesarias para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía.
Se planteó la creación de tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones.
En el ámbito de las telecomunicaciones, es necesario generar mucha mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y televisión abierta y restringida, según el compromiso político.
El Pacto pretende reformar la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y para evitar que las empresas de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos.
Aleida Calleja, presidenta de la Asociación de Derecho a la Información (Amedi), dice que después de que se firmó el Pacto es necesario “amarrar el diseño jurídico institucional” para que dicho Pacto no se convierta sólo en un camino empedrado de buenas intenciones.
“Si empiezas así nada más, pues vas a enfrentar una alta litigiosidad y fragilidad jurídica, respecto a los procesos, por eso no es menor el asunto de la legislación y si está la voluntad política pues vamos y hay que hacerlo, por qué esperar”, dice.
Otro tema que suena mucho es la participación público-privada, dice Jalife.
A decir de la especialista, el despliegue de infraestructura en el sector de las telecomunicaciones es de vital importancia para cerrar la brecha digital que prevalece en el país. “La poca infraestructura es muy cara, los acceso en ciudades o de larga distancia te salen carísimos, el mismo ancho de banda te sale caro”, dice.