A partir de esta semana la Secretaría del Trabajo estatal iniciará un programa de visitas de verificación a las empresas de la entidad, a fin de detectar si alguna cayó en incumplimiento del pago de reparto de utilidades, dio a conocer el titular de dicha dependencia, Israel Carboney Morales.
Indicó que de detectarse alguna anomalía se iniciaría un procedimiento conciliatorio que podría generar el inicio de un juicio y la imposición de sanciones que van desde 50 hasta 5 mil días de salario mínimo, lo que representa entre 3188 y más de 318 mil pesos.
La fecha límite de pago para todos los patrones (personas morales) fue el pasado viernes 30 de mayo.
“Estamos esperando, efectivamente el pasado 30 de mayo fue la fecha límite para el pago de personas morales, y el 29 de mayo para personas físicas, entonces yo espero que en un corte de unas semanas, aproximadamente un mes, para que la gente se comience a acercar y ver qué grado de incumplimiento se detecta, eso no quita que nosotros hagamos recorridos a empresas”, declaró el funcionario.
Conforme al comportamiento histórico que se ha observado en el sector patronal de la entidad, se espera que al igual que en años anteriores, el índice de cumplimiento del pago de esta prestación alcance 90% o más en 2014, subrayó.
Prevén que en estos días se acerquen a la Secretaría del Trabajo personas que interpongan algún tipo de queja o inconformidad.
Asimismo, en los días próximos, podría darse la visita de los líderes sindicales o representantes de cámaras para denunciar alguna anomalía y en ese sentido la postura de la dependencia es asesorar al trabajador y conciliar con el patrón.
“El trabajador presenta una denuncia ante la Procuraduría, si hay una posibilidad de proceder se establece una condición conciliatoria, si no tenemos que demandar ante la Junta local de Conciliación y Arbitraje, si ya se determina, a través de una resolución, que el patrón sin ninguna causa incumplió esta obligación, al patrón se le puede sancionar desde 50 hasta 5 mil días de salario mínimo”, dijo Carboney.
El trabajador, aclaró, tiene hasta un año para interponer una queja o denuncia respecto al cobro de sus utilidades, lo cual es considerado un derecho constitucional.
Actualmente existen 500 empresas registradas en el estado de Querétaro, mismas que debieron cumplir con dicha obligación.
