Una mayor transparencia en el registro de la deuda pública, los ingresos, el gasto público y en participaciones federales, es necesaria para una mejor rendición de cuentas, consideró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el resultado de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016, es importante hacer cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), entre otros ordenamientos, para mejorar la gestión contable gubernamental.
Uno de los cambios que se debe hacer es señalar que la sostenibilidad a mediano plazo debe considerar que la trayectoria del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —como proporción del Producto Interno Bruto (PIB)— presente un comportamiento decreciente o constante durante el periodo que se proyecta, adicional al año que se presupueste.
El auditor y su equipo identificaron que solamente se reporta el total del Gasto Corriente Estructural (GCE) en términos agregados.
Además, consideró que las asignaciones del GCE que las dependencias y entidades incluyan en sus anteproyectos de presupuesto, deberían ser consistentes con el límite máximo de este rubro, aplicable en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).
La revelación y publicación oportuna de cifras confiables respecto a la presupuestación y a la actividad financiera del Estado constituyen elementos de transparencia que generan certidumbre, advirtió.
Se requiere establecer una responsabilidad explícita por parte de los titulares de las entidades públicas respecto a la veracidad e integridad de la información contable y financiera que las instancias a su cargo generan.
La ASF también consideró importante pormenorizar en la Cuenta Pública y en los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el origen y destino de cada uno de los componentes de los ingresos excedentes.
Fiscalización a estados. Como es la primera vez que la auditoría fiscaliza las participaciones federales, recomienda hacer cambios a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) para darle facultades a la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) para revisar la pronta y oportuna entrega de dichos recursos de parte de los estados a sus municipios.
En el documento se hace mención que las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016 mostraron un elevado número de irregularidades en la ministración de los recursos de las entidades federativas a los municipios.
Por eso, recomendó que el Comité que opera en la CPFF tenga mayor peso en el proceso de distribución, liquidación y pago de las participaciones, en lo correspondiente a la transferencia de los recursos de las entidades federativas a los municipios.
Respecto al Fondo Petrolero, la Auditoría Superior de la Federación apuntó la posibilidad de analizar una acumulación de recursos, cuando existan, para la estabilización y el ahorro de largo plazo de las finanzas públicas, provenientes de fuentes distintas a los ingresos petroleros, sin elevar el déficit presupuestario y primario, la deuda o el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP).