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Veinte años de TLCAN y un proceso reformador con casi tres décadas de vigencia han sido insuficientes para que se acepte la necesidad de modificar el modelo económico en México. El problema no ha sido la falta de reformas estructurales, en realidad nuestro país es un ejemplo de cómo se puede cambiar el marco institucional sin obtener buenos resultados.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se dieron los primeros pasos para liberalizar la economía mexicana. El avance en dicho sentido se profundizó en el siguiente sexenio. Privatización, apertura comercial, desregulación financiera, reducción del papel del Estado en la economía y la atención focalizada de la pobreza fueron solo algunos de los aspectos que ocuparon la actividad de los funcionarios de aquella época. Por ello México fue reconocido a nivel internacional, las principales instituciones financieras y económicas a nivel internacional dieron su aval al proceso reformador mexicano.
Después de la crisis de 1995 el país retomó la senda de cambio, más tratados comerciales, el abandono de los programas de fomento industrial y una reducción de la inversión en Pemex fueron algunos de los signos que distinguieron a un gobierno que continúo la política económica de su antecesor.
El rescate bancario fue el primer signo de que algo no funcionaba y se instrumentó un esquema que evitó el colapso de los bancos pero que no incidió en la conformación de un sistema financiero que permitiera canalizar recursos al aparato productivo nacional.
El nuevo milenio no trajo ideas distintas. La victoria política de quienes por primera vez ganaron la presidencia no correspondió con la generación de un modelo económico innovador, simplemente le dieron continuidad a estrategias delineadas una década antes. Se intentó pasar una reforma tributaria que aumentará el IVA a alimentos y medicinas, la cual falló por la incapacidad política para sacarla adelante, algo que evitó un daño mayor a los segmentos más pobres de la población.
Entre el 2006 y el 2008 el modelo colapsó, el avance de la pobreza no se pudo contener con el aumento en el presupuesto destinado al desarrollo social. La precarización del mercado laboral cobró la factura acumulada en las décadas previas. La caída en el poder adquisitivo, la reducción de las prestaciones sociales a los trabajadores y la informalidad nulificaron la estrategia económica de un gobierno que confío en la idea de que la crisis de Estados Unidos sería de poco calado, craso error.
En 2007 el aumento de los precios internacionales de alimentos llegó a un país dependiente de las importaciones, la ausencia de un programa de seguridad alimentaria paso su factura. Lamentablemente le cobró más a los segmentos de menores ingresos. Monopolios y oligopolios también influyeron en ello, la cadena de distribución de alimentos aumentó los precios más allá de lo que correspondía al incremento internacional.
Una caída de 6% en el PIB selló el destino del sexenio: aumento de pobreza con bajo crecimiento económico, en un marco de mayor inseguridad pública. Sin embargo, y a pesar de la evidencia, se negó el problema.
Paralelamente el escenario externo gestó una competencia que terminó por demostrar que México se había equivocado en su modelo. China había emergido, pasó de competidor de nuestro país en la industria de las manufacturas a ser la segunda economía del mundo, la primera exportadora y el país privilegiado por la inversión extranjera directa que se canaliza a las naciones emergentes. Ahora su interlocutor es Estados Unidos. Aun el índice de competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial así lo considera. China tiene el lugar 29 y México el 55.
El 2014 inicia con una nueva oleada de reformas, la gran incógnita radica en si realmente son diferentes a las realizadas en las décadas previas, las cuales no funcionaron para hacer crecer al país.
*Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
