El costo que tuvieron que pagar las empresas por actos de corrupción en trámites, pagos, solicitudes de servicios, contacto con autoridades e inspecciones, ascendió a mil 612 millones de pesos en 2016, informó el Inegi.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, las unidades de negocio más pequeñas fueron las que más incurrieron en este tipo de desembolsos.
Dos de cada tres pesos que se destinaron al pago para agilizar trámites provinieron de micronegocios.
Esto significa que de los mil 612 millones de pesos que se pagaron para actos de corrupción, mil 93 millones fueron de microempresas. En cambio, las grandes compañías erogaron sólo 47.6 millones. Las unidades medianas desembolsaron 179.5 millones, y las pequeñas, 293 millones.
La actividad económica más afectada por estos actos fue el comercio, con 679 millones de pesos, seguida de servicios, con 618 millones, e industria, con 315 millones.
Los estados donde las empresas percibieron más actos de corrupción por parte de las autoridades fueron: Tabasco, donde 93% consideraron estos actos como frecuentes o muy frecuentes; Veracruz, con 92%; Ciudad de México, con 91.5%; Jalisco, 89%; Chiapas, 88.5%; Nuevo León y Sonora, con 87%, y Estado de México, 85%.
Las entidades con menor percepción fueron: Colima, Nayarit, Aguascalientes, por debajo de 70%; mientras que en Querétaro, Campeche, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán y Puebla se ubicaron por arriba de 70%, pero por debajo de 75%.
El promedio nacional reportó una percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción de 82%.
Problema arraigado.
De acuerdo con la encuesta realizada por el Inegi, prácticamente dos de cada tres (65%) empresas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; 39% señala que esas actividades se generan para evitar multas o sanciones, y 31%, que se originan para obtener licencias o permisos.
Sobre el esquema regulatorio, una de cada cinco unidades (20%) reveló que normas, trámites, solicitudes e inspecciones a los establecimientos representaron un obstáculo.
Los costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones fueron de 115.7 mil millones de pesos en 2016, que representan 0.56% del Producto Interno Bruto nacional.
En promedio, cada empresa del sector privado gastó 48 mil 871 pesos por cargas administrativas en 2016, y la mitad (51%) consideró que éstas fueron mayores o siguieron igual de pesadas en relación con las de 2015.
Sobre la evaluación de servicios públicos básicos y de infraestructura, 82.7% de los propietarios de unidades económicas señalaron que las calles y avenidas de su municipio o delegación están libres de vendedores ambulantes; 75.6% refieren que están en mal estado, y 76% que son inseguras.
Del total de unidades económicas que hicieron uso del servicio de energía eléctrica en sus operaciones, 81% no se experimentaron pérdidas por deficiencias en este servicio y en poco más de la mitad (59%) se consideró que este servicio no tiene tarifas accesibles.
