El 20 de septiembre —un día después del terremoto— María tuvo que trabajar en un edificio con grietas, localizado en la ‘zona cero’, la colonia Roma. No es de extrañarse que lo que se respiró esos días en la agencia de publicidad en la que trabaja, fue el miedo. El miedo se esparció por laborar en una área en la que varios edificios se derrumbaron y en los que personas quedaron debajo de escombros, en la que cientos de voluntarios se arremolinaban alrededor de las edificaciones moviendo piedra por piedra en la búsqueda de sobrevivientes, a unas cuadras del edificio de Puebla 282, en el cual había al interior un laboratorio activo y en el que varias personas quedaron sepultadas durante varios días.
En una oficina en la que nadie daba respuestas pero sí más peticiones y exigencias para cumplir fechas de entrega que ya se tenían acordadas con los clientes. Miércoles, jueves y viernes trabajando en un edificio con grietas y sin que nadie les diera razón ni les asegurara que el edificio era seguro. María, junto con unos compañeros, pidió a los líderes que se reunieran y que les explicaran la situación. Era lunes 25 de septiembre.
“Yo les dije que creía que por una cuestión legal estaban obligados a enseñarme un sello de Protección Civil, a lo que me dijeron: ‘Vamos a tramitarlo’. Y una chica dijo: ‘Sí, sobretodo por que no estamos asegurados’. El silencio incómodo llenó la sala”, cuenta María, quien no se llama así pero prefirió ocultar su identidad y la de la empresa en que trabaja.
Ella y el resto de colaboradores se preguntaban por qué la empresa había decidido tenerlos laborando después de esta tragedia. Incluso se creó un grupo de Whatsapp en el que expresaban el miedo de saberse obligados a trabajar en un edificio que no era seguro. Pero miércoles, jueves y viernes siguieron atendiendo peticiones de clientes, preguntándose por qué la agencia no ayudaba con la crisis generada por la catástrofe.
En esa plática del lunes, los jefes les aseguraron que no los expondrían a un peligro, que ya habían revisado el edificio y era seguro. Pero el tiempo se encargaría de desmentirlos.
“A las horas, llegaron a checar las oficinas y se dieron cuenta que la situación no era segura y terminaron evacuándonos de emergencia. El miedo volvía y era más la incertidumbre de que iba a pasar con nosotros”, cuenta.
Contrario a lo que pudiera pensarse, María no despotrica contra sus superiores, de hecho, considera que tiene “buenos jefes”, que ellos estuvieron al pendiente pero que el miedo de perder el trabajo y la presión que sentían por parte de los clientes les hizo no saber reaccionar.
“Mi molestia es la falta de compromiso de una industria como la publicidad para con su fuerza de trabajo. La mayoría de las agencias operan como ésta, sin asegurar a sus empleados… Mi enojo también es contra las marcas, ¿Cómo es posible que tengan poca sensibilidad? No somos el único caso, varios conocidos vivieron la misma situación ”, asegura.
Incluso el día de la mudanza emergente los representantes de las marcas continuaron pidiendo cambios. “Una mudanza que se les explicó era urgente porque la seguridad de su equipo de trabajo (su equipo indirecto porque ellos contratan a mis jefes) no les importaba”, cuenta.
La situación de María, por desgracia, no es un caso aislado entre todas las empresas que operan en la Ciudad de México, sino que se cuentan más de 2 mil quejas anónimas denunciando este tipo de situaciones. Este temblor no ha dejado al descubierto condiciones laborales paupérrimas como cuando en 1985 salieron casos de pésimas condiciones de trabajo; sin embargo, sí deja al descubierto que los trabajadores se siguen enfrentando, después de 32 años, a la precariedad de trabajar sin las condiciones mínimas de ley.
“Los centros de trabajo están en mejores condiciones, no son las costureras del 85… no al 100% pero han mejorado muchísimo. Ese vicio de querer ahorrarse centavos evitando el pago de cuotas de seguridad social o impuestos, eso sí afecta las garantías de los trabajadores, pero es una cuestión jurídica más que una seguridad física”, asegura Hugo Hernández-Ojeda, socio de Hogan Lovells.
Justamente ante la necesidad de resolver este problema, surgió la Red en Solidaridad con los Trabajadores en Riesgo, compuesta por estudiantes, académicos, profesionistas y miembros de la sociedad civil, que durante estos días se ha dedicado a confeccionar un mapa de riesgo con base en anuncias anónimas de trabajadores que han sido obligados a trabajar en lugares de trabajo dañados y sin condiciones seguras.
Conforme fueron pasando los días después del terremoto, las denuncias fueron aumentando. Hasta el momento se contabilizan 2 mil 266 denuncias anónimas correspondientes a mil 261 centros de trabajo. De estos números se saca que: casi 90% se siente inseguro de ir a trabajar, a más de 72% se le condicionaría el pago de su salario bonos o prestaciones si no asistiera a trabajar y a sólo 10.6% se le ha mostrado algún documento que certifique la seguridad de las instalaciones donde trabaja.
“Esto es la punta del iceberg de la realidad del trabajo en México. Lo que nos preocupa ahora es la seguridad, pero si le rascamos más, vamos a encontrar esa realidad profunda del trabajo en México”, explica Eduardo Vargas, uno de los fundadores de la red.
El mapa de riesgo elaborado por esta organización ha documentado a empresas de todos los tamaños e incluso instituciones públicas que, durante estos días, de acuerdo a las denuncias anónimas, han obligado a sus trabajadores a laboral pese a que el edificio no está en las condiciones óptimas, entre éstas Grupo Salinas, Banorte, Correos de México, la Torre Central de Telecomunicaciones.
“Nosotros vamos a seguir denunciando para presionar a las empresas y exhibirlas y hacer que el gobierno, a través de las instituciones correspondientes, hagan su trabajo. Están en un momento complicado pero no pueden dejar de atender estas necesidades”, asegura Vargas.
¿Qué es lo que tendrían que hacer las empresas? Por ley, tienen la obligación de garantizarle al trabajador que labora en un sitio seguro.
“Es un derecho que está en la lista de obligaciones que están citadas en la Ley Federal del Trabajo. Partiendo de esa obligación, ningún trabajador está forzado a acudir a un centro de trabajo con condiciones inseguras”, explica Jorge Sales Boyoli, director general del Bufete Sales Boyoli.
Hasta el 27 de septiembre, la Secretaría del Trabajo había recibido 931 denuncias sobre centros laborales con afectaciones en sus instalaciones y había ordenado la restricción de acceso en 33 empresas, en las que, en 20 casos el cierre fue total.
Independientemente de que las grietas no fueran de gravedad o de que el centro de trabajo fuera o no seguro, había trabajadores que se sentían en riesgo y estaba en los patrones darles garantía. “Más que una obligación legal es una obligación moral de los patrones y debieron haberlo hecho”, asegura el socio de Hogan Lovells.