La entrada en vigor del nuevo acuerdo trilateral de América del Norte se condicionó a que el gobierno mexicano realice modificaciones en sus leyes y a la regulación laboral, de acuerdo con el texto que hicieron público la Secretaría de Economía y la Oficina de Representación Comercial estadounidense.
En el Anexo 23-A del texto del capítulo laboral del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) se detalla que México deberá realizar modificaciones laborales que se acordaron antes del 1 de enero de 2019, y de no hacerlo la entrada en vigor del pacto puede postergarse.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que “el compromiso de México va en el sentido de que los cambios tendrán que entrar en vigor antes de que comience la vigencia del acuerdo”.
En el texto que se difundió el pasado lunes, los tres socios comerciales consideran que puede retrasarse el arranque del convenio hasta que no se realicen los cambios en las leyes y regulaciones secundarias. No obstante, podría no ser condicionante por las palabras que se utilizan en la redacción.
Para el líder empresarial, los acuerdos laborales “van acordes con la agenda [en la materia] de México. Tenemos que hacer la ley secundaria en el tema laboral y hay varias iniciativas en ese sentido”.
Explicó que los empresarios no ven problema alguno porque en el país se realizó una reforma constitucional laboral que va en el sentido de permitir la libre contratación, la negociación colectiva y se consideró la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, entre otros puntos.
De cualquier forma —añadió— tendrá que trabajarse en la iniciativa para discutir la ley secundaria de varios de los cambios laborales, por lo que podrían verse diversas iniciativas y propuestas para modificar la forma de la “conversación laboral” en el país.
“Se tiene que modernizar la conversación laboral para que el voto sea libre, secreto y personal y haya apertura por parte de los patrones” para dar paso a una mayor participación de sindicatos.
Sin embargo, dijo que las decisiones en materia de prestaciones de los empleados tienen que tomar en cuenta la opinión de trabajadores y de empresarios y “no pueden ser decisiones políticas”.
En el texto del acuerdo, México se comprometió a permitir a los trabajadores la libertad de asociación, se eliminarán todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio y se abolirá el trabajo infantil, lo que implica ajustes a la regulación que permite el trabajo a menores de edad, entre otros cambios.
Para garantizar el cumplimiento, se creará un consejo laboral en el que participarán ministros de comercio y del trabajo de los tres países, quienes evaluarán cada dos años el apego a los acuerdos.
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