La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la autoridad puede acceder a los datos de los más de 107.1 millones de usuarios de telefonía móvil.
Ayer, la Corte determinó que es legal almacenar por dos años los datos de los usuarios de telefonía móvil y que las autoridades pueden acceder a ellos, es decir, declaró que son constitucionales los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
La decisión del Poder Judicial es en respuesta a un amparo interpuesto por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) que va a demandar al Estado mexicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por este resultado.
“En un país como el nuestro donde las autoridades comúnmente están coludidas con miembros del crimen organizado, otorgar estas herramientas de vigilancia y de invasión a la privacidad sin controles y tan amplias, lejos de ayudarnos a proteger la seguridad, la comprometen”, aseguró Luis Fernando García, director de R3D a EL UNIVERSAL.
Debido a que la legislación va contra las obligaciones de derechos humanos que México contrajo al firmar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, García confía en que los van a apoyar al considerar que la decisión de la Corte va contra el derecho a la privacidad.
Prevén que el caso lleve de dos a cuatro años en resolverse.
Vulnerabilidad. El director de R3D recordó el caso de la base de datos del INE que se filtró en Amazon, lo que demuestra “cómo estas bases de datos son tan vulnerables y pueden estar expuestas de manera tan sencilla”.
Uno de los temas que se discutió en la Corte fue la necesidad de una orden judicial para que autoridades tengan acceso a los datos de geolocalización.
“Si se confirma el criterio de no requerir autorización judicial para la cuestión de la geolocalización también nos parecería una cuestión sumamente preocupante, pero no nos consta hasta leer la sentencia”, dijo García.
La gente no sabe que sus datos están siendo conocidos, “por eso se requiere la figura del juez para que garantice que exista ese control y que no se abuse de esas medidas”.
Javier Tejado, analista en telecomunicaciones, manifestó que hace falta conocer el engrose de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se necesita la certeza sobre si se requiere o no orden judicial para pedir los datos.
“¿Qué se va a privilegiar, la capacidad de investigación de las autoridades o la privacidad de las personas? Eso es lo que está en juego”, expresó Tejado.
“Es un tema sobre quién va a pedir la información porque van a pedir, de cada usuario, por dónde se ha movido en la ciudad, con quién está hablando, no dicen qué hablas pero si con quien, con quien Whatsappeas, eso lo va a tener cualquier Ministerio Público”, explicó el especialista.
