MADRID.— Telefónica negocia estos días con el Gobierno de México la resolución amistosa de un viejo litigio por el que la multinacional española reclamó a la administración azteca el pago de compensaciones por valor de 850 millones de euros. El plazo para alcanzar un acuerdo se extingue el próximo 16 de septiembre, fecha en la que está prevista la publicación del laudo arbitral por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial. Por lo tanto, apenas faltan seis semanas para que Telefónica despeje una de las incertidumbres latentes de los últimos cuatro años. En el mejor de los casos, la filial mexicana de Telefónica podría ingresar varios cientos de millones de euros que resultarían balsámicos en los momentos actuales para el grupo de telecomunicaciones. Fuentes de Telefónica declinaron realizar comentarios. Sin embargo, los analistas consultados descartan tanto que la teleco pueda obtener la totalidad de la cantidad reclamada como que pueda irse con las manos vacías al término del proceso.
Hay que remontarse a marzo de 2012, cuando la compañía que entonces presidía César Alierta buscó el amparo de la institución con sede en Washington, lugar donde inicialmente se fijó la celebración del arbitraje. En concreto, Telefónica consideró que el Ejecutivo mexicano había incumplido los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones entre España y México, relacionado con una rebaja de las tarifas de interconexión que resultó funesta para los intereses de la multinacional española. Dicha normativa exigía al operador reducir de forma drástica y repentina los ingresos por el uso de sus redes por parte de otros operadores rivales. Además, la decisión del gobierno tenía carácter retroactivo, lo que obligó a Telefónica a compensar a otros operadores por la diferencia entre los pagos satisfechos y los que deberían haberse realizado.
Peligro para las inversiones. La compañía española consideró que el decreto mexicano, que pretendía rebajar la factura del móvil para los usuarios, también ponía en peligro el retorno de las inversiones de la teleco en aquel país. El gobierno que entonces presidía Felipe Calderón cambió sobre la marcha las reglas del juego y obligaba a la empresa española a compensar a otros operadores rivales, sin que esto último repercutiera en ventajas para los clientes.
Tras un largo peregrinaje en el Ciadi, con más de una treintena de procedimientos intermedios, Telefónica y Mexicano acordaron el 18 de marzo congelar el arbitraje hasta el próximo 16 de septiembre. Entonces, con siete meses por delante, Telefónica y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrían firmar las paces sin necesidad de que intervenga el árbitro. Ese plazo ahora llega su recta final sin que haya trascendido la voluntad de las partes.
La posible inyección total o parcial del importe reclamado por Telefónica a México sería una excelente y oportuna noticia en los tiempos que corren. De hecho, Telefónica recibió días atrás la advertencia de Moody’s en la que la agencia de calificación instaba al operador a hacer público antes de final de año “una hoja de ruta muy clara” en la que detalla cómo pretende reducir su deuda de 50 mil millones de euros a lo largo de este ejercicio.
En caso de no obtener unas respuestas convincentes, con alguna operación de gran calado, Moody’s se plantearía rebajar el rating, situado en la actualidad en Baa2, a partir de 2017. Telefónica sufrió la pasada primavera el severo revés de la Comisión Europea, que tumbó la venta de su filial británica O2 en una operación valorada en más de 13 mil millones de euros.