Las organizaciones de seguridad pública o privada no han tomado una posición seria, formal y sistemática alrededor de una estrategia de protección contra ciberataques, aseguró Hugo Werner, vicepresidente regional de Akamai para América Latina.
El 70% de las organizaciones en México no tienen a la persona encargada de la ciberseguridad, no tienen idea de los ataques que sufren o no tienen una herramienta para protegerse.
El tema de la seguridad cibernética no es nuevo; sin embargo, las organizaciones no le han dado la seriedad que tiene el tema, mientras que en los últimos años el número y la variedad de ataques han aumentado.
“La principal razón es por falta de presupuesto y planificación, en segundo lugar por falta de conocimiento del tamaño del impacto de estos ataques”.
En los últimos años, la capacidad de estos delincuentes ha aumentado y los ataques han crecido y casi cualquier persona puede llevar a cabo un ataque.
“Te puedes ir a un website, pagar 50, 30 o 9.99 dólares y crear un ataque de denegación de servicio de un gigabite por una hora a un sitio específico, ni siquiera necesitas tener el conocimiento”.
Además, los atacantes se dan cuenta de que en México y América Latina no hay una estrategia de protección, por lo que se convierten en un blanco fácil.
Agenda futura.
La ciberseguridad es un tema que forma parte de la Agenda Digital Nacional 2018 que propone la industria de telecomunicaciones y tecnología al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Las empresas piden que se haga conciencia entre la población de que la protección de la privacidad y de los datos personales de los particulares es uno de los mayores retos en la era de la información. Consideran que la protección de la información personal de los consumidores debe garantizarse en las transacciones de comercio electrónico y en la economía digital.
Para lograrlo, piden consolidar un marco de protección de datos “que aproveche y optimice el actual esquema regulatorio, respete la privacidad y no construya barreras innecesarias a la innovación y el desarrollo de la economía digital”.
En la agenda piden establecer un mecanismo de gobernanza o una institución con mandato de ley para coordinar acciones jurídicas en materia de ciberseguridad, incluyendo planeación y diseño de política pública, colaboración con el sector privado, comunicación, operaciones, y cumplimiento regulatorio.
“En el caso de delitos digitales, enfocarse en la protección de los usuarios y ampliar la comprensión de los tipos penales tradicionales para su aplicación al mundo digital”, piden.
