La diferencia entre el gasto aprobado y el ejercido se ha convertido en un comportamiento recurrente, sobre todo en el tema del presupuesto para desarrollo social que impide un eficaz combate a la desigualdad que persiste en México.
Así lo advirtió el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en un estudio, mediante el cual hace un llamado a lograr una mayor congruencia entre lo autorizado y gastado para contribuir a disminuir la pobreza.
Estableció que si bien desde 2008 el gasto para funciones sociales concentra más de 50% del gasto programable, no ha sido suficiente.
“Resulta contradictorio que aun cuando el Congreso aprueba recursos para las prioridades de gasto e incluso ampliaciones sobre las propuestas originales del Ejecutivo, éstos no se ejerzan en su totalidad”, detalló.
Como ejemplo, señaló que en 2016 se gastó casi 13% más de lo aprobado, según reveló la Cuenta Pública; los diputados autorizaron un gasto neto total de 4.7 billones de pesos y la Auditoría Superior de la Federación contabilizó uno de 5.3 billones, en donde el gasto programable en ramos administrativos crece más que las prioridades vinculadas al gasto social.
Acusó que en las diferencias entre la programación y presupuestación existe un comportamiento recurrente en el ejercicio de los recursos aprobados que debe contrarrestarse, toda vez que, en última instancia, se refleja en la no consecución de los principales objetivos de la política de gasto en desarrollo social y económico de los grupos más vulnerables.
De acuerdo con el centro de estudios que funge como asesor técnico de los diputados, lo anterior se da en un contexto de un persistente estancamiento económico con un Producto Interno Bruto que avanza cada año a tasas por debajo de 3%, que en parte refleja la gran desigualdad social en el país, en donde 46.2% de la población vive en pobreza.
Comportamiento del gasto.
En el documento, en el cual se analiza el rezago presupuestal en las prioridades de la política de gasto, se pondera que a lo largo de los últimos nueve años, el gasto programable ejercido del gobierno federal en clasificación funcional ha privilegiado el gasto en funciones de desarrollo social, pues en éstas se concentra más de 50% del total del gasto programable.
Sin embargo, a partir de 2013 se observa una ligera caída en la participación de las funciones de desarrollo social, las cuales pasan de concentrar 56.7% a 55.3% en 2016.
Además, desde ese mismo año, las funciones de desarrollo económico también disminuyen su participación, al pasar de 34.7% a 33.8%; en contraste, también a partir de 2013 se observa un incremento en la participación de las funciones de gobierno, que pasan de 8.5% a 10.8%.
