La falta de una política pública a nivel nacional para limitar los incentivos que ofrecen los estados para atraer inversión extranjera ocasionó el desacuerdo entre KIA Motors México y el gobierno de Nuevo León, señalan especialistas de la industria.
Ello llevó a que la administración del ex gobernador Rodrigo Medina se comprometiera a realizar obras de infraestructura y otorgar incentivos fiscales por 11 mil millones de pesos (mdp), monto que equivale a 28% de la inversión total de KIA y sus proveedores, por 2 mil 500 millones de dólares (mdd), para instalarse en el municipio de Pesquería.
Sin embargo, la Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo en Nuevo León permite dar apoyos por un máximo de 5% del total de la inversión.
Mauricio Kuri, analista automotriz y catedrático del Tecnológico de Monterrey, dijo que en el sexenio de Felipe Calderón se trató de obligar a los estados a no dar más incentivos de los que negociaran las armadoras con el Gobierno federal, a través de los lineamientos para la promoción de inversiones de ProMéxico. Sin embargo, nunca se llegó a ese acuerdo.
El secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León, Gregorio Canales, dijo que de los 11 mil mdp en incentivos, 3 mil mdp ya fueron aportados por el Gobierno Federal y el resto los tiene que aportar el gobierno estatal, por lo que están en negociaciones con la armadora para aligerar el monto.
“Todavía faltarían unos 2 mil 500 mdp que pondría el Gobierno federal, que ya están autorizados en el Presupuesto 2016. En total, serían 5 mil 500 mdp del Gobierno federal, y estamos tratando de que haya más”, expuso.El gobierno estatal quiere bajar a 4 mil 950 mdp los incentivos para KIA, el equivalente a 10 o 12% del monto total de la inversión, como ocurrió con la planta de Mazda en Guanajuato.
La llegada de inversiones foráneas podría correr riesgo de presentarse más casos en los que se ofrezcan incentivos que no puedan cumplirse a consecuencia de un cambio de gobierno, sobre todo porque los diferendos trascienden fronteras, opinó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón.