La titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez Rodríguez, consideró prioritario crear el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que ante problemas como el alza en el precio del huevo, la falta de este organismo hace ineficiente e ineficaz el trabajo de todas las instituciones para ordenar los mercados.
Este martes, durante una reunión de trabajo con la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, afirmó que se generaría “una eficaz protección a todos los consumidores, en el alza de precios como del huevo, aumento que no tiene validez”.
Expuso que también es necesario modificar y modernizar las normas oficiales, porque de no hacerlo las sanciones a los empresarios son “como hacerles cosquillas”, ya que ante un amparo existe la gran posibilidad de que la Profeco pierda el caso.
Detalló que fue en 2014, cuando el organismo a su cargo interpuso el mayor número de sanciones a gasolineras, es decir, casi 25% de los establecimientos, lo que registró un rebase de 250 millones de pesos en multas impuestas, lo que equivale a más 2 mil 800 gasolineras suspendidas.
“El planteamiento que hacemos es la necesidad de revisar el marco regulatorio, no sólo en el tema de gasolinas, sino en general para que Profeco tenga mayores facultades y pueda cumplir mejor su función”, afirmó.
La titular de la Profeco indicó que uno de los temas relevantes para el organismo que encabeza, es que se pueda no solo interponer las sanciones económicas, sino también cobrarlas, ya que actualmente dos años después de sancionar se lleva a cabo el cobro de las mismas por las subsecretarías de finanzas de los estados o municipios, lo que resta eficacia, pues se requiere que el cobro sea de manera inmediata.
Solicitó a los legisladores ampliar el periodo de la reincidencia hasta por cinco años, a fin de que se puedan aplicar sanciones, las cuales se “pueden duplicar”, pero de manera efectiva. “Hoy no las podemos aplicar, 99% de las sanciones se van a un litigio; de modificarse, podríamos imponer sanciones de casi 14 millones de pesos”.