El problema de la pobreza en México se agudizó durante las últimas 4 décadas. El avance de la marginación social se explica por el bajo crecimiento y la inequidad en la distribución de la riqueza. Revertirlo requiere de crear empresas formales rentables en las comunidades pobres.
El magro desempeño económico del país ha limitado la movilidad social de una parte creciente de la población. Más de 60 millones de mexicanos viven en pobreza por ingresos, básicamente porque su ocupación no les genera el ingreso para vivir mejor.
La falta de crecimiento también fomenta otras fuentes de pobreza. Al no contar con un empleo digno y suficiente los mexicanos han debido recurrir a la informalidad para poder acceder a un ingreso mayor. La cuestión es que la informalidad restringe la capacidad de las empresas para pagar bien y otorgar las prestaciones de seguridad social adecuadas.
El aumento de la informalidad genera inequidad. Normalmente son pequeños negocios que emplean hasta 5 personas pero en donde las condiciones laborales distan de cumplir los requisitos estipulados por la ley.
Consecuentemente las personas ocupadas en la informalidad deben hacer frente a sus gastos de salud, capacitación, adquisición de vivienda y muebles, por citar algunos ejemplos. Todo ello sin contar con el apoyo de las instituciones formadas para ello.
Además, las empresas formales enfrentan una competencia desleal por parte de la informalidad. La evasión fiscal y de pago por servicios públicos permite la comercialización de productos a precios más bajos que en los establecimientos formales. El problema es que en el largo plazo los negocios formales deben cerrar o pasar a la informalidad para hacer frente a la competencia desleal.
No puede soslayarse que cuando un país ha enfrentado 4 décadas de crisis recurrentes, la informalidad se ha vuelto parte orgánica de su estructura productiva, lo cual favorece la perpetuación de la inequidad y pobreza.
Algo similar ocurre en regiones rurales, en donde parte del problema es la pulverización productiva del campo. La cantidad de tierra por familia es tan pequeña que difícilmente puede generarse un desarrollo sustentable en el mismo si no se tienen procesos productivos que permitan aumentar el valor de sus cultivos. Algo similar ocurre con la forma de asociación, mantener esquemas de mini-propietarios lo único que favorece es a la subsistencia, eso en el mejor de los casos.
El combate a la pobreza debe impulsar la creación de programas novedosos en el sentido de vincularlos con procesos sustentables, que deriven en la formación de empresas y cooperativas formales en el campo y la ciudad. Adicionalmente deben integrarse a sectores industriales y de servicios capaces de aprovechar los insumos y bienes que se producen en las regiones pobres.
Sin educación y capacitación formal para la generación de empresas difícilmente se alcanzará el éxito en la lucha contra la pobreza. La transferencia de recursos directos y los programas que
perpetúan la pequeña propiedad de bajo valor agregado naufragarán contra las condiciones económicas de inequidad que se han gestado en los últimos cuarenta años.
La experiencia es clara, las pequeñas empresas tienen una esperanza de vida que ronda un año, apostar por proyectos productivos que no rompan dicho esquema puede ser una estrategia que no propicie el resultado esperado.
El Estado mexicano debe apostar a una política de desarrollo social de nueva generación. Para ello debe considerar que los proyectos productivos que impulsará deben ser rentables económica y socialmente. Deben ser autosustentables en términos de mercado y movilidad social. Para ello se debe cambiar la arquitectura de la administración pública y de las comunidades. Eliminar la corrupción, burocracia e informalidad es parte de la tarea a realizar. Aumentar la eficacia de los programas sociales es otra: deben abatir la pobreza, una cuestión que no han logrado en 40 años.
*Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.