Los estados que ofrezcan condiciones de “paraísos fiscales” pueden ser sancionados si infringen el convenio de colaboración administrativa, como sucedió en Sonora y donde los incentivos recibidos se les van a retirar, advirtió el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“No pueden ofrecer [las entidades federativas] mayores condiciones que a su nivel local, en su estatuto o en su Constitución estatal pueden hacer; ellos no tienen facultades para poder determinar eximir o exonerar el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia federal”, dijo el jefe del SAT, Aristóteles Núñez.
Del caso de Nuevo León, entidad que durante la gestión del ex gobernador Rodrigo Medina se otorgaran incentivos fiscales a empresas, el responsable del fisco explicó que no se trató de impuestos federales.
“Somos respetuosos; no voy a pronunciarme sobre atribuciones que le confieren a nivel estatal”, dijo.
30 denuncias por caso Sonora. El SAT presentó ante las autoridades estatales del gobierno de Sonora alrededor de 30 denuncias por irregularidades en la fiscalización de impuestos. En las denuncias no está incluido el ex gobernador, Guillermo Padrés.
El 19 de noviembre, el fisco informó que tomó el control de la fiscalización de Sonora por anomalías en el cobro de impuestos, tras hallar que presuntamente se benefició a 534 contribuyentes con perjuicio al erario por mil 705 millones de pesos.
“Presentamos las denuncias ante las autoridades estatales correspondientes para que determinen las responsabilidades de los funcionarios públicos de la administración anterior respecto de la no observancia de una norma obligada para todos ellos”, dijo Aristóteles Núñez.
Se presentaron ante la administración estatal a través de la Función Pública o contraloría estatal, el órgano anticorrupción y procuraduría local para deslindar responsabilidades.
Es el gobierno estatal el que va a señalar si hay causa penal, precisó.
Aclaró que no está incluido Guillermo Padrés, sino funcionarios que participaron en auditorías, firma de actas o revisión de gabinete que en su momento tuvieron la responsabilidad directa e inmediata y dependiendo del alcance que tenga como director, subdirector o una tarea de supervisión también tienen que asumir lo que les corresponda.
Lo que concierne a contribuyentes beneficiados, mencionó que pasa a ser del SAT determinar que si se acredita que hubo dolo o concertación de interés, para configurar delito se tiene que llevar a causa penal.
De los 534 contribuyentes con posibles irregularidades se hicieron revisiones en 194 expedientes y a 32 se les inició el ejercicio de facultades.
