El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no va a permitir que servidores públicos cometan delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita o modificaciones a sistemas informáticos y por ello realiza cada año 13 mil evaluaciones al personal que labora, sobre todo en áreas consideradas de riesgo para detectar a tiempo conductas fuera de la ley.
“El SAT tiene dentro de sus mecanismos y sus políticas institucionales, los dispositivos que le permiten detectar a tiempo si alguien está violando la normatividad o si alguien está pretendiendo violarla o la esté infringiendo, y en ese sentido actuamos”, advirtió el jefe del SAT, Aristóteles Núñez.
En entrevista con EL UNIVERSAL, sobre las 24 denuncias que presentó el órgano recaudador de impuestos ante el Ministerio Público en el primer trimestre del año —una de ellas por primera vez por operaciones con recursos de procedencia ilícita— destacó que la autoridad hace alrededor de entre 11 mil y 13 mil evaluaciones, estudios socioeconómicos y valoraciones de desempeño al año al personal que labora en el SAT y en la Administración General de Aduanas (AGA).
“Tenemos alrededor de 37 mil empleados y de esos principalmente se destinan estas evaluaciones a personal o servidores que se encuentran en áreas de riesgo operativo, de sistemas en riesgo del perfil del puesto de la persona que lo ocupa; principalmente los que se encargan de cobrar los créditos fiscales, los que trabajan en las secciones aduaneras o también aquellos que se dedican a otorgar las devoluciones o los que hacen auditorias”, detalló.
Sobre si con ello se va a impedir que penetre el lavado de dinero, el funcionario dijo que debido a que sigue su curso la denuncia “no podemos hacer prejuicios, tenemos que ser muy cuidadosos con el debido proceso”.
Con relación a la denuncia contra un empleado de la AGA que se detectó en la zona Metropolitana y que no especificó si fue en la del aeropuerto o en la de Pantaco, comentó que el trabajo se hizo desde el año pasado.
Se detectó derivado del ejercicio de evaluación a servidores públicos, de uno en particular que tenía ingresos o que registraba ingresos superiores a los que se percibe por su sueldo.
“En nuestra presunción lo que nosotros detectamos es que el sueldo no justificaba sus ingresos y dimos parte al Ministerio Público. No hicimos una acusación, quiero aclararlo, hicimos una denuncia a efectos de que el Ministerio Público pudiera determinar si hay elementos suficientes y en su caso determinar un pliego petitorio ante un juez. Corresponderá al MP en su averiguación previa, en su competencia administrativa determinar si existen o no los elementos”, explicó.
Aristóteles Núñez dijo que ese empleado presentó su renuncia y que no se le pidió rendir cuentas para comprobar el origen de sus ingresos.
No dio más detalles del caso en tanto no concluya el procedimiento.
“Lo que nosotros hicimos fue revisar en un estudio socioeconómico derivado de las evaluaciones que se hace al personal de manera cotidiana cada año; el monto de sus ingresos reportado no se estaba justificando por la discrepancia en su sueldo y salario y al no tener esos elementos nosotros dimos parte al MP y la instancia tendrá que hacer las averiguaciones correspondientes”, manifestó.
Del por qué se presume que fue operaciones con recursos de procedencia ilícita algo que no se había registrado antes, y no un enriquecimiento inexplicable, dijo que es el Ministerio Público el que en su momento determine en la consignación en un pliego petitorio cuál es la conducta que se establece en la hipótesis.
Otro caso que llamó la atención fue por haber modificado de manera indebida el sistema informático.
Al respecto dijo: “Ahí se detectó que había servidores públicos que en su momento, utilizando los sistemas, pretendieron hacer ajustes de los datos del RFC. En el sistema queda registrada la bitácora de quién ingresó, cuándo, qué cambios quiso hacer y es cuando la autoridad inicia procedimientos administrativos”, dijo.