El resultado de la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) sobre las medidas que aplica el gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero mostrará aspectos a reforzar y áreas de oportunidad que deberán atender las autoridades en el país, dijo Sandro García Rojas, presidente de supervisión de servicios preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Esperamos que nos diga si la evaluación nacional que hicimos está siendo útil, si estuvo bien enfocada o nos faltaron elementos por considerar; si estamos coordinados como autoridades y si estamos siendo efectivos”, dijo.
García Rojas explicó que en septiembre pasado se publicó la evaluación nacional de riesgos. Ahí, por primera vez México reconoció que es un país vulnerable al lavado de dinero al tener actividades como crimen organizado, evasión fiscal, economía informal y corrupción.
“El tema de la prevención nunca es suficiente”, explicó.
Detalló que entre los retos que tiene México en su lucha en el combate contra el lavado de dinero destaca que hay poca gente para realizar actividades de supervisión.
Además, el sistema penal acusatorio tiene poco de haberse implantado, con lo cual no se ha empleado en el tema preventivo de blanqueo de capitales, así como la aplicación en algunos estados de la ley de extinción de dominio.
El funcionario explicó que la visita de los evaluadores de GAFI a México se realizó entre febrero y marzo pasado.
Actualmente el proceso de evaluación se encuentra en un intercambio de información con el gobierno para descartar puntos de las medidas antilavado que se aplican en el país y que no se hayan revisado por parte del organismo. El resultado de la evaluación se dará a conocer en octubre de este año.
García Rojas también informó que a pesar de no haber una legislación que solicite reportes sobre el uso de activos virtuales como el bitcoin, algunas empresas ya han comenzado a enviar reportes sobre la utilización de este activo para evitar intentos de lavado de dinero o financiamiento de actividades ilícitas.