A pesar de los esfuerzos en la PGR y la Secretaría de Hacienda para combatir el lavado de dinero, los logros son escasos por falta de voluntad política para evitarlo, de acuerdo con un estudio del Atlas de Seguridad y la Defensa de México del Instituto Belisario Domínguez del Senado.
Se estima que los flujos financieros ilícitos en México crecieron de 34 mil 239 millones en 2004 a 538 mil 439 millones de dólares en 2013. Pone de manifiesto que las autoridades acusadas de corrupción en distintos niveles de gobierno realizan acciones de lavado de dinero proveniente de fondos públicos con gran facilidad, sin ser perseguidas, enjuiciadas o castigadas.
“Los hechos muestran que la maduración del sistema no logra resultados significativos”, afirma la investigadora Keyla Vargas, autora del estudio Debilidades Institucionales en el Sistema de Prevención y Combate al Lavado de Dinero en México, que elaboró en conjunto con el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
Advierte que de no actuar quedará como una tarea pendiente de la actual administración que la impunidad impulse el lavado de dinero.
Frente el poder financiero del crimen pondera que los montos que se mencionan sobre la riqueza que ostentan los líderes de los grupos criminales, contrastan con las cantidades confiscadas que logran capturar y judicializar las autoridades mexicanas.
Esta brecha deriva en la hipótesis de que existe gran facilidad para blanquear activos, ocultarlos en el sistema financiero y legalizarlos en favor del crimen organizado, asegura.
Redes complejas. Lo anterior, advierte, provoca que crezcan redes complejas que se benefician de la impunidad y coparticipación criminal, lo cual lleva a deducir que existe escasa voluntad política para evitar el lavado de dinero de las ganancias que produce el crimen organizado.
Además pondera que el caso de la corrupción de autoridades en el manejo de recursos públicos también constituye un delito de alto impacto que no es investigado por las autoridades.
“La exposición pública sobre los casos de corrupción, malversación de fondos, conflicto de intereses y participación de funcionarios en los esquemas financieros de la delincuencia organizada en México ha traído a la reflexión el análisis sobre las capacidades de las autoridades para prevenir y combatir la circulación de recursos de procedencia ilícita, dentro o fuera del sistema financiero”, señala.
Para la especialista, ante este panorama resulta ineludible alinear el componente de procuración de justicia en una estrategia efectiva en el combate al lavado de dinero.