Asociaciones de gasolineros consideraron que la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos es bienvenida, pero llega tarde porque el problema ya es un “cáncer” que pone en riesgo la seguridad nacional.
Consultados sobre el tema, los dirigentes de franquicitarios de Puebla, Tlaxcala y Jalisco indicaron que el delito no puede centrarse sólo en la mala actuación de algunos gasolineros: trasciende a otras formas ilegales de distribución como el tráfico en las fronteras norte y sur, la venta ilegal de combustibles al transporte público, a empresas privadas y constructores, que son obligados a comprar este producto bajo amenazas.
Luz María Jiménez, de la Asociación de Gasolineros de Puebla y Tlaxcala, aseguró que “queda la duda de por qué se dejó pasar tanto tiempo”.
Las autoridades y Petróleos Mexicanos (Pemex) siempre han tenido información sobre el robo de combustibles y la forma en que el crimen organizado lo distribuye.
Comentó que Pemex dispone de laboratorios móviles, controles volumétricos, trazadores de gasolinas, el sistema SCADA y el apoyo de Profeco para identificar los combustibles robados, pero aun así las tomas clandestinas aumentaron de 296 a 4 mil 127 entre 2008 y 2014. “Ya es un verdadero cáncer”, comentó.
“En realidad —subrayó—, no identifican el producto robado porque no quieren”.
La ley prevé fuertes sanciones, incluso la rescisión de la franquicia Pemex para los gasolineros que sean sorprendidos vendiendo combustibles robados y litros incompletos. Al preguntarle si están de acuerdo, dijo: “Claro que sí. Nunca vamos a defender a alguien que roba, pero es inexplicable que las autoridades denuncien desde gasolineras piratas, tráilers que circulan con producto robado de tomas clandestinas o que el crimen organizado pueda vender el producto entre negocios establecidos o en carreteras o en negocios clandestinos, y nadie haga nada”.
Pablo González Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), dijo que los empresarios del sector son los más interesados en que se sancione al mal gasolinero.
Detalló que no es la primera vez que se promueve el delito contra el robo de combustibles, pues éste ya existía como tal y se sancionaba con 20 años de prisión, pero aunque se aprobó nunca entró en vigor.
Además, Profeco tiene la facultad para clausurar o hasta inmovilizar o cerrar estaciones de servicio que no cumplen las normas de comercialización, aunque “no lo hacen, ignoro por qué”.
Aseguró que el contrato de Franquicia prevé 43 causales de rescisión, pero “en la práctica no hemos tenido informes sobre una estación de servicio a la cual se le haya rescindido el contrato por irregularidades en la venta de combustibles”.
Luz María Jiménez consideró al respecto que “se está protegiendo a alguien, a los involucrados o quienes están coludidos”.
Los dirigentes empresariales dieron la bienvenida a la ley, pero consideraron que endurecer las penas no llega al fondo del problema.
“Se detiene y, en su caso, se consigna al chalán, que la mayoría de las veces no conoce quién lo contrata, no son los estrategas, sólo reciben órdenes e información de cuándo y dónde pueden perforar ductos”.
En siete años, según información de la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación, el crimen organizado ha realizado 11 mil 440 tomas clandestinas a lo largo de la red de ductos del área de refinación.
En ese mismo tiempo, la Procuraduría General de la República realizó 12 mil 767 investigaciones por el delito de robo de combustibles, por el que fueron arrestados y consignadas 3 mil 290 personas.
Es decir, por cada vez que el crimen organizado realizó 3.4 tomas clandestinas sólo una persona fue consignada y llegó a la cárcel.
González Casanova señaló que todos sabemos que es un problema de muchos años y que era necesario remediarlo porque “ya se trata de un problema de seguridad nacional y así lo han expresado los propios funcionarios de Pemex”.
“Hoy todavía estamos pagando derecho de piso o cuotas para poder operar, porque el crimen organizado llega a las estaciones de servicio con el producto robado y dicen: ‘aquí tienes y lo tienes que vender y en dos semanas me lo pagas’, y habrá de venderlo so pena de perder la cabeza de un hijo.
“Confiamos en que esta nueva ley ayude a encontrar una salida a este penoso problema”, comentó el presidente de Amegas.
