Con un resultado de 3 mil 929 querellas, que representan 639 millones de pesos, concluyó la auditoría que el gobierno del estado impuso a la caja de ahorro “30 de agosto”, informó el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad, Germán Giordano Bonilla, quien indicó que la conclusión de la auditoría se realizó en los tiempos establecidos previamente por las autoridades locales.
Dijo que será a partir de esta semana cuando se inicie la siguiente fase, la cual consiste en obtener la base de datos de los ciudadanos afectados que aceptarán la opción del Fideicomiso de apoyo al sector (Fipago) y, a partir de eso, determinar los montos que serán aportados por el gobierno de Querétaro.
“La semana pasada se terminó la auditoría, esta semana estaremos entregando a las oficinas de México la auditoria completa y, en esta misma semana, iniciamos un recorrido con todos los afectados para hacer una especie de preregistro para saber cuántos van a ser los que van a optar por la opción de Fipago y poder saber cuál va a ser el monto que va a aportar el gobierno del estado, para poder atender a los socios”, explicó el funcionario estatal.
Mencionó que conforme a las reglas de operación de Fipago el monto máximo que se puede pagar, a través de esta opción, es de 170 mil pesos, siendo esta la cantidad más alta que se va a otorgar. El recurso será aportado por los gobiernos del estado y federal.
“De acuerdo con las reglas de operación de Fipago recordemos que el monto máximo que se puede pagar es hasta 240 mil pesos, de los cuales estará recibiendo 170 mil la persona que más recursos obtenga y de eso por cada peso que pone el estado la federación aporta 1.70”, indicó Giordano Bonilla.
Agregó que con base en esta fórmula se estima que la erogación será de entre 270 y 300 millones de pesos, de los cuales, el gobierno del estado tendrá que aportar 100 millones y la federación 210 millones de pesos.
El secretario estatal dijo que será en los próximos días cuando se den a conocer las cifras exactas con base en los resultados que arroje el registro de personas que aceptarán ser beneficiadas por dicho recurso.
Fue en febrero de este año, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado inició la averiguación previa respecto a la afectación patrimonial de varios ahorradores adscritos a esta empresa, en su momento la delegación de la Procuraduría General de la República ejerció órdenes de arraigo a 11 empleados, presuntamente involucrados.