Alrededor de 160 socios, que no accedieron al Fideicomiso para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), exigen a las autoridades que se les haga entrega de la auditoría que realizaron a la caja para conocer su situación financiera y con base en ello tomar las medidas legales.
Aseguran que dicha autoría no ha concluido, por lo que señalan de irregular el pago de este fideicomiso a más de cuatro mil socios afectados.
A un año del fraude de la caja 30 de Agosto, aún existen inconformidades por parte de algunos socios que resultaron afectados, mientras algunos aseguran que la caja no está en quiebra otros dicen que sí.
La vocera del grupo de 160 socios defraudados, Patricia Mastache Villalobos, dijo que han observado irregularidades en el proceso de la cooperativa, pues en un principio se dijo que era un organismo irregular, sin embargo, de haber sido así, no hubiesen podido acceder al Fipago.
Por otro lado comentó que durante la ratificación de la denuncia de algunos afectados, en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), le han comentado que la auditoría del caso no ha concluido, por lo que solicitan se les entreguen los documentos necesarios para saber la situación económica de la caja.
Precisó que ella solicita que le sea devuelto 100% de los ahorros a las personas que no accedieron al Fipago, y de los 160 que ella representa es un monto de alrededor de 150 millones de pesos, por lo que aseguró que tomarán las medidas legales necesarias para buscar una pronta solución.
Explicó que las personas que tenían sus ahorros en esa institución lo hacían debido a que otorgaba tasas de interés más altas que los bancos comerciales, en tanto que en el caso de los créditos era con tasas más competitivas, lo que resultaba atractivo para los socios, pues al ser una cooperativas, todos recibían las utilidades que se generaban.
Lorena Suárez García, quien también fue defraudada por dicha institución, reconoció que la caja sí estaba en “ceros”, por lo que ella accedió a recibir la indemnización propuesta por los gobiernos estatal y federal. Precisó que ella atribuye la quiebra a los altos intereses que pagaban.