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Los sistemas de pensiones en México están a punto de reventar, descapitalizados y corren el riesgo de quedarse sin recursos en el corto y largo plazo, lo que podría desatar una grave crisis económica debido a que el gobierno gasta anualmente más de 8% del presupuesto de egresos de la federación en subsidios a instituciones de seguridad social, porcentaje que se podría elevar a 14% en corto plazo.
Pedro Vázquez Colmenares y Francisco Miguel Aguirre Farías, especialistas en la materia, concluyen que más de 60 millones de mexicanos no cuentan con un sistema de pensiones, quienes se pronunciaron por revisar los 138 sistemas de pensiones a nivel federal; además de los 500 de las universidades públicas, estados y municipios de la república mexicana.
Francisco Miguel Aguirre Farías, director del despacho Valuaciones Actuariales del Norte y autor del libro “Pensiones… ¿Y con qué?, resaltó que casi todos los sistemas de pensiones del país son subsidiados con recursos públicos, que necesariamente son desviados de otras áreas sustantivas del presupuesto como salud, justicia, seguridad, infraestructura y el sector educación, lo cual podría generar crisis en dichos rubros.
Pedro Vázquez Colmenares en el contexto del citado libro, recuerda que en nuestro país sólo 30% de los sistemas de pensiones se modificaron para evitar un colapso financiero; en el resto, es decir, 70%, sigue latente el peligro de descapitalización. También, dijo, se requiere iniciar un periodo de concientización nacional en donde se deben de abordar todas las repercusiones en el corto y largo plazo.
De acuerdo con este economista, quien ha desempeñado diversos cargos públicos, “la conclusión es clara: o se reforman urgentemente los sistemas públicos de pensiones y los arreglos pensionarios del sector paraestatal o muy pronto no habrá recursos públicos para garantizar dichas obligaciones, a menos que se castiguen otros rubros prioritarios para la sociedad”, agregó Pedro Vázquez Colmenares.
Aguírre Farias considera que se debe dar un tratamiento diferente para los tres tipos de mexicanos que existen desde el punto de vista de la seguridad social: los primeros son quienes no cuentan con un sistema de pensiones y representan aproximadamente 50% de la población económicamente activa (PEA). Este grupo necesita el apoyo de la sociedad.
El otro son los afiliados al IMSS, que constituyen el 35% de la PEA y a su vez se dividen en quienes están amparados por el esquema de beneficio definido de 1973. Además, quienes se rigen por la ley de 1995, que considera el sistema de cuentas individuales y que, en términos generales, no recibirán una pensión digna, por lo que será necesario apoyarlos.
Los afiliados a los sistemas de pensiones para servidores públicos, cuyos esquemas son inviables financieramente, siendo necesario concretar reformas para adecuar sus prestaciones sociales.
La reforma a este tipo de sistemas representa el mayor problema político pues, según señala Aguirre, sin el consentimiento de los trabajadores, ésta es prácticamente imposible y no se trata de una negociación, sino de la búsqueda de soluciones que garanticen que las pensiones lleguen con montos justos a quienes realmente requieren de ella.
Aguirre resalta los avances y las limitaciones que aún se dan en este marco y la necesidad de concretar reformas a los esquemas de seguridad social que siguen operando de manera tradicional, así como negociar nuevas reformas para aquéllos que sólo modificaron los esquemas de las nuevas generaciones de los trabajadores.