El controvertido Espacio Digital Estela de Luz, que se construyó en el sexenio pasado, es parte de un conflicto legal por incumplir pagos con el proveedor de soluciones de informática, por un monto de 26 millones de pesos de adeudos e intereses moratorios.
En julio de 2012, la empresa Soluciones Bicentenaria (SB) firmó un contrato con el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), ahora Secretaría de Cultura, para proveer de equipo de cómputo y soporte técnico a la Estela de Luz, dijo el representante legal de la compañía, Daniel Díaz Castillo.
Al concluir la administración de Felipe Calderón y la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto, en diciembre de ese año, la empresa SB informó del vencimiento del contrato, pero el entonces coordinador nacional de innovación y calidad de la Secretaría de Cultura, Luis Jáuregui, extendió el contrato por 24 días más, lo que se formalizó con un convenio modificatorio.
Al término de ese tiempo la empresa pidió su equipo de regreso; sin embargo, le solicitaron dejarlo para evitar una irrupción en el servicio, el equipo se quedó y se brindó soporte técnico.
Pero no se formalizó con un contrato pese a la insistencia del representante legal de SB, finalmente lo recibió el funcionario Jesús Cornell García Vera en agosto de 2013, a quien se le expuso el problema de pagos vencidos.
El servicio que brindó la firma en la administración pasada ni en la actual se había pagado, considerando renta mensual de equipo y soporte técnico suman 552 mil 144 pesos.
Entre septiembre de 2013 y febrero de 2014, García Vera hizo promesas de pago a SB, bajo el argumento de que pronto les liberarían presupuesto.
Sin embargo, al no haber liquidación del adeudo, SB recurrió a una demanda por la vía ordinaria mercantil, la cual la aceptó el juez el 30 de abril de 2014.
El 9 de enero de 2015, el juez dictó sentencia a favor de la empresa, condenando a la secretaría a cubrir una suma de 13 millones 863 mil 785 pesos, lo que incluía el pago de 7 millones 88 mil 301, más los meses posteriores reclamados y los intereses moratorios.
Aunque en mayo de 2015 la Secretaría de Cultura impuso un recurso de apelación, el jurídico de la dependencia convocó a la empresa a llegar a un acuerdo y el 12 de ese mismo mes y año la directora general de Administración, María Eugenia Araizaga Caloca, y SB firmaron el convenio en el que la instancia federal reconoció el adeudo de 16 millones 582 mil pesos, que incluía compromisos por renta, e intereses moratorios, y se acordó que habría una quita para dejar el adeudo en 14 millones que se pagarán en dos partes, comentó.
Sin embargo, días después el tribunal emitió la resolución a la apelación de la Secretaría de Cultura, en el que afirmó que la demanda debió ser civil y no mercantil, expuso.
La empresa se amparó a esa decisión, pero en julio del año pasado un tribunal confirmó que la demanda debió ser mercantil.
Entre febrero y abril de 2016, las dos partes nuevamente intentaron llegar a un acuerdo, y aunque la secretaría informó que reconocía la deuda, necesitaba una sentencia judicial válida para hacer la erogación.
Soluciones Bicentenaria demandó civilmente en septiembre de 2016 a la Secretaría de Cultura, y en febrero de este año el juez dictó sentencia a favor de la empresa y pidió a la dependencia federal pagar 26 millones 209 mil pesos, pero ésta impugnó el caso y se espera que en las próximas semanas se tenga el fallo.
Aunque en noviembre de 2016 un juez emitió el mandato de devolver los equipos a la compañía de informática, esta orden no se cumplió porque el equipo estaba incompleto.
El representante de Soluciones Bicentenaria explicó que como hubo daño patrimonial a la nación presentarán una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El UNIVERSAL buscó a la Secretaría de Cultura para conocer su opinión sobre el caso, pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta, solamente se dijo que se trata de un caso que sigue en litigio.
