Por decisión de la jueza encargada del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Med Atlántica dejó de ser considerada potencial inversionista en el rescate de la aerolínea, al no haber acreditado su capacidad financiera para capitalizar a la empresa y sus filiales.
En acuerdo publicado ayer en las listas del juzgado, la jueza Décimo Primero de Distrito en Materia Civil, Edith Alarcón Mixueiro, notificó que el plazo de cinco días otorgado a la compañía transcurrió sin que Med Atlántica hubiera cumplido los requisitos fijados en el acuerdo del pasado 20 de septiembre.
“Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en tal mandato y en consecuencia se deja de tener a Med Atlántica Europa, Sociedad Limitada, sociedad unipersonal con el carácter de potencial inversionista”, ordena el acuerdo de la juez.
El pasado 20 de septiembre, la jueza emplazó a Med Atlántica a acreditar que cuenta con la cantidad de 250 a 300 millones de dólares necesarios para el rescate de Mexicana, además de exhibir la documentación que demuestre la existencia de un socio mexicano (por tratarse de una empresa de origen español), las fuentes del financiamiento y la disponibilidad inmediata de, al menos, 100 millones de dólares.
En respuesta al requerimiento, el juzgado recibió un escrito firmado por Óscar Jaime Moreno, quien manifestó actuar en representación de la empresa para cumplir el acuerdo del 20 de septiembre, pero carece de facultades legales para intervenir en el juicio, ya que sólo fue autorizado para oír y recibir notificaciones.
Pese a ello, la juez estudió el documento y concluyó que no cumple con los requisitos fijados, pues si bien expone que Med Atlántica se asoció con la empresa Bahía de Banderas el 27 de septiembre de 2012, para adquirir Mexicana y sus filiales, no adjuntó la documentación probatoria.
Sobre la capacidad financiera de Med Atlántica y su socia mexicana, el escrito detalla que el representante legal de la firma española se encuentra en Europa realizando las gestiones correspondientes, por lo que solicitó una prórroga de 10 días hábiles para presentar los documentos, “tomando como base los tiempos bancarios”. Respecto de la etiquetación y disposición de los recursos, tampoco se dio cumplimiento.
