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La caída en los precios del petróleo no es un evento menor ni un asunto pasajero, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y advirtió que el problema se puede extender a 2016 o por más años.
Reconoció que ante esta amenaza el gobierno tiene que reaccionar para evitar un mayor impacto en las finanzas públicas y recordó que se optó por recortar el gasto antes que considerar resarcir los menores ingresos a través de otras fuentes, como impuestos o un mayor endeudamiento, eso “fue la más responsable”.
Manifestó que la caída de los precios del crudo ha sido significativa y por ello, “no estamos hablando de un evento menor”.
Como efecto del recorte al gasto de Petróleos Mexicanos, el director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Gustavo Hernández García, destacó que la empresa se vio obligada a ajustar la meta de producción de petróleo a 2 millones 288 mil barriles para este año, contra los 2 millones 400 mil barriles diarios de la meta anterior.
“Nos están quitando 46 mil millones de pesos, ya hicimos una previsión que se notificó a la Secretaría de Hacienda… y con el nuevo volumen de inversiones que está siendo registrado estamos ofreciendo 2 millones 288 mil barriles”, expuso.
No obstante, Pemex espera establecer alianzas con diversas empresas que le permitan mantener su meta original de 2 millones 400 mil barriles diarios de petróleo.
Por otra parte, de acuerdo con un documento obtenido por EL UNIVERSAL, el Consejo de Administración de Pemex aprobó el programa de ajuste al gasto de sus empresas filiales para cumplir con el recorte de 62 mil millones de pesos asignado.
El mayor ajuste será en actividades extractivas de hidrocarburos a cargo de PEP, por 46 mil 500 millones de pesos (75% del ajuste total). Se contempla negociar cambios de plazos, montos, tarifas de proyectos y contratos signados con proveedores y contratistas, y formalizar la terminación anticipada de contratos con el sector privado.
Se puso en operación un programa de austeridad y racionalización del gasto de Pemex, e implica limitar donaciones a estados, que cuestan mil 877 millones de pesos y cancelar tiempos extra a trabajadores.