La Unión Europea aprobó hoy formalmente las nuevas normas que regularán la actividad de las agencias de calificación crediticia, destinadas a aumentar la transparencia y mitigar el riesgo de conflicto de intereses.
Las calificaciones de las tres agencias más influyentes, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, las tres estadounidenses, han puesto en serias dificultades a varios países de la eurozona durante la crisis, al deteriorar su credibilidad en los mercados e impedir su financiación a precios razonables.
La nueva normativa, aunque finalmente no incluye la creación de una entidad europea, sí introduce ciertasexigencias de rotación entre agencias.
En concreto, dispone que los emisores de productos financieros estructurados con activos subyacentes retitularizados, que pagan por las calificaciones crediticias, deben cambiar de agencia cada cuatro años.
Una misma agencia no podrá, por tanto, volver a calificar los productos de un mismo emisor durante un periodo equivalente a la duración del contrato vencido, aunque en ningún caso durante más de cuatro años.
La rotación obligatoria no será aplicable en cambio a las agencias de calificación más modestas ni a emisores cuyas calificaciones sean formuladas al menos por cuatro agencias distintas.
Se introducirá una cláusula de revisión sobre la posible extensión de la rotación obligatoria a otros instrumentos en el futuro.
Debido a la complejidad de los instrumentos financieros estructurados y su papel en la contribución a la crisis financiera, la regulación también exige a los emisores que encarguen la calificación de sus productos a al menos dos agencias crediticias.
Para hacer frente al riesgo de conflicto de intereses, se solicitará a las agencias de calificación que publiquen si alguna de las entidades que califican posee más del 5 % de su capital o derechos de voto.
Queda prohibido además poseer más del 5 % del capital o derecho de voto en más de una agencia crediticia.
Los inversores podrán reclamar asimismo una indemnización por parte de la agencia de calificación si sufren una pérdida debido a una infracción cometida por la misma.
En cuanto a las revisiones de deuda soberana, se obligará a que sean revisadas cada seis meses en lugar de cada doce meses actuales.
Con la aprobación de hoy se modifican también las normas sobre actividades y supervisión de fondos de pensiones, organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y gestores de fondos de inversión alternativos, a fin de reducir la dependencia de las instituciones de calificaciones crediticias externas.
La adopción se produce después de que ya se llegase a un acuerdo en primera lectura con el Parlamento Europeo el pasado 27 de noviembre.
La Comisión Europea elaborará un informe para el primero de julio de 2016 sobre la situación del mercado de la calificación crediticia con vistas a proponer nuevas reglas si lo considerase necesario.
