luis.carriles@eluniversal.com.mx
La firma del Pacto por México tiene en uno de sus compromisos llevar a cabo las reformas necesarias para convertir a Pemex y otras paraestatales en empresas públicas de carácter productivo, que se conserven como propiedad del Estado, pero con capacidad de competir hasta ser de clase mundial.
Los cambios que se deberán llevar a cabo están en modificaciones en la regulación de entidades paraestatales y fiscal.
“Para ello, será necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia que se exigirían a una empresa productiva de su importancia”.
Estas reglas de gobierno corporativo fueron definidas en la reforma de 2008 y dieron como resultado la creación de un consejo de administración del corporativo donde se define que deberá de haber consejeros profesionales independientes y que estos presidirán diversos comités así como tendrán presencia en los consejos de administración de los organismo: Pemex Exploración y Producción; Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica.
El Pacto por México puesto en marcha por el nuevo gobierno señala que ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado y se impulsarán ciertas reformas para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos.
Todo ello sin tener que privatizar las instalaciones de Pemex.
En entrevista, Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dice que hay alerta en la paraestatal y no solo en lo relacionado con la seguridad en ductos o los accidentes de la paraestatal.
Dice que hay una “opacidad financiera y las zonas oscuras en Pemex están vinculadas a sus niveles de inversión, de ganancia y lo que van a trabajar es con la Auditoría Superior de la Federación para impedir que dentro de Pemex la burocracia sea la que tome decisiones”.
Consideramos que el aparato burocrático es demasiado pesado en la toma de decisiones, demasiado como para que se pueda tener la transparencia, claridad y rendición de cuentas que se necesita.
“Se quiere que sea Pemex una empresa de Estado y si bien tendrá más recursos y agilidad en la toma de decisiones también puede ser más transparente”.
El caso es que en Pemex no solo es la empresa la que se opone a la tranaparencia, también está el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los famosos Petroleros con Romero, que han interpuesto 41 juicios de amparo contra solicitudes de información que se han presentado en el IFAI. De 41 juicios de amparo que se pusieron contra del IFAI por los petroleros, 26 de ellos relacionados con el convenio 10275/04 del 26 de julio de 2004 que involucra mil 724 millones 518 mil 939 pesos.
Roberto Ortega Lomelí, analista del sector energético, dijo que la apertura a la información de Pemex es uno de los logros más importantes en la reforma de 2008 porque en gran medida fue un proceso pensado para una empresa.
El problema es que los consejeros profesionales tienen que pasar por el Congreso y se convierten en un tema político y no técnico. Producto de esas cuotas se eligió a Rogelio Gasca Neri por el PRI; a Fluvio Ruiz, por el PRD, y Fortunato Alvarez y Héctor Moreira, del PAN. Dice que las prácticas de buen gobierno en Pemex buscan desarrollar un sistema donde pueda operar de una manera autónoma.
