El pasado mes de marzo se aprobó en el Senado el dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que marca el inicio del Sistema Nacional de Transparencia. En este dictamen se establece la obligatoriedad para que autoridades de los tres órdenes de gobierno transparenten sus actividades y faciliten con ello la evaluación de su desempeño. Con esta nueva ley se llegó a cerca de 50 obligaciones en materia de rendición de cuentas para todos los sujetos a la legislación, donde, además, se obliga a los tres Poderes de la Unión, partidos políticos y sindicatos a transparentar y rendir cuentas de los recursos públicos y actos que ejerzan.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que el Sistema Nacional lo integrarán el IFAI, los órganos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Inegi. Aunado a ello, se creará una plataforma nacional de transparencia para el cumplimiento de las obligaciones en la materia, y se reformará la regulación de los mecanismos de impugnación a las solicitudes en la materia. Esta ley contiene elementos y demandas de la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales, por lo que se destaca como un notable avance en materia de transparencia.
Sin embargo, a más de un mes de este acuerdo, éste es un tema que sigue pendiente de aprobación, toda vez que ésta continúa en la “columna del haber” en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados, y no se diga de implementación. Los legisladores insisten en que se trata de un tema prioritario, pero la velocidad de los trabajos no corresponde a esa urgencia. Incluso, el pasado 8 de abril, los comisionados del IFAI pidieron a la Cámara de Diputados la aprobación de la minuta de la General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de sentar las bases del Nuevo Sistema Nacional de Transparencia, mismo que ha sido señalado también como una prioridad por parte del Ejecutivo federal.
El frágil sistema de rendición de cuentas en México, donde la información es opaca en el mejor de los casos y nula en la mayoría, es uno de los elementos que han propiciado el florecimiento de la cultura de la corrupción e impunidad en los tres poderes y niveles de gobierno. Ejemplos de enriquecimiento ilícito y manejo inadecuado de recursos que desembocan en el aumento de las deudas locales, así como de escándalos de la clase política que merman la confianza de la ciudadanía en su gobierno, son los resultados de este sistema donde se ejercen recursos públicos pero no se rinden cuentas. Por ello, empezar por hacer más transparentes a las instituciones públicas es un buen paso para restablecer la confianza en las instituciones.
Paralelamente a la consolidación del marco normativo, será importante diseñar mecanismos que ayuden a evaluar y difundir la información sujeta al escrutinio público, así como dar garantías para la protección de datos personales. Conformar y consolidar al Sistema Nacional de Transparencia como mecanismo facultado para llevar a cabo estas tareas es un avance importante y obligatorio para hacer efectiva la rendición de cuentas y contribuir en el combate a la corrupción. La corrupción es el principal obstáculo para hacer negocios en México, de acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial, por lo que medidas como la creación del Sistema Nacional de Transparencia redundarían en un mejor ambiente de negocios.
Una de las tareas más importantes del Sistema Nacional de Corrupción debe ser centrarse en hacer efectiva la rendición de cuentas para los funcionarios públicos de todos niveles y poner esta información disponible al alcance de la ciudadanía. No obstante, aún se discute en el Congreso la obligatoriedad de las declaraciones patrimoniales de impuestos y de intereses.
Es imperativo que la Cámara de Diputados acelere las discusiones en materia de dictamen para que se apruebe o modifique el dictamen de la Ley General de Transparencia. No podemos quedarnos en la parálisis del análisis. Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas es una tarea que nos conviene a todos y el gobierno deberá predicar con ejemplo, primero llevando a buen puerto la aprobación de la Ley General de Transparencia y después en ser el primero en mostrar su desempeño.
*Presidente de Consultores Internacionales. S.C.