El reto de la reforma energética propuesta por el Ejecutivo federal será otorgar certidumbre jurídica a los inversionistas, consideró el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) , Juan Pardinas Carpizo.
"Si no logramos suficiente certidumbre jurídica, aún dentro del contexto de una reforma constitucional, no podremos maximizar el potencial de generación decrecimiento económico que tiene el sector hidrocarburos en México" , sostuvo.
En entrevista con Notimex, calificó a esta reforma como un "paso positivo" y "un muy buen avance" , aunque estimó que su éxito se evaluará en función de la capacidad de detonar inversión, atracción de talento, capital humano y tecnología.
Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa, abundó, es permitir al gobierno celebrar contratos de utilidad compartida con particulares, en los cuales se tiene que revisar qué certidumbre jurídica se les dará a los inversionistas.
"Modificar la Constitución es políticamente muy difícil, pero jurídicamente más sencillo en el sentido de que lo que estás cambiando es un par de líneas, (pero) el mayor reto jurídico está en darle certidumbre a los inversionistas a través de la ley secundaria" , subrayó.
En su opinión, la definición del Ejecutivo sobre la reforma energética "fue esencialmente política" y ahora falta ver cuál será su encarnación jurídica y la manera en que esto tiene potencial de transformación económica.
"Cómo dentro de un esquema de contratos se va a poder generar certidumbre jurídica a los inversionistas" , insistió al acotar que en la propuesta de reforma energética quedó claro que no hay intención de privatizar ni los hidrocarburos ni a Petróleos Mexicanos (Pemex) .
Consideró que la reforma energética propuesta detonará crecimiento e inversiones, aunque no aprovecha al máximo el potencial del sector, lo que sí se hubiera logrado con un modelo de concesiones como el que planteaba el Imco, pues éste genera mayor certidumbre.
Pardinas Carpizo mencionó que a este organismo privado también le hubiera gustado que en la iniciativa de reforma hubiera una distinción más clara entre Pemex como operador de los recursos, y los hidrocarburos como propiedad de la Nación.
Asimismo, ver mayor claridad en el rol de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en este esquema; quién será el regulador, si éste tendrá autonomía constitucional o quién representará al Estado mexicano en los contratos de utilidad compartida.
"Esas son como las definiciones muy importantes que van a determinar el funcionamiento y la operatividad de la reforma constitucional" , apuntó el director general del Imco.
En materia de electricidad, dijo, la reforma energética está alineada a nuevo estudio que el Imco está próximo a presentar, en el que plantea que hay que romper el conflicto de interés de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre ser generador y ser transmisor.
"Qué bueno que se abra a la inversión la generación de electricidad porque necesitamos energía más eficiente y poner a CFE a competir con generadores privados", expuso.
