El procedimiento que seguirá la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el caso del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, además de investigar a servidores públicos, incluye a las empresas involucradas, dijo el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.
“Así como ahora está realizando observaciones al sector público, las hará al sector privado”, declaró el responsable de la dependencia tras participar en la Convención Nacional 2017 de la Canieti.
Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo, dijo que en concordancia con el dictamen de la SFP sobre la obra, una de las principales fallas fue la falta de planeación, desde los estudios de ingeniería.
“Nuestra cámara ha hecho énfasis en esto, en la falta de planeación, que quiere decir llevar a cabo con tiempo y con el debido costo, los estudios preliminares, las ingenierías necesarias para llevar a cabo una obra”, indicó.
Dijo que el responsable de todos los estudios preliminares es quien licita, no las constructoras.
“Como México creo que hemos incurrido por años en esa falta de previsión, en esa falta de aplicación de recursos para tener estudios completos que nos lleven a que las diferencias, en pesos y tiempos de ejecución, no sea tanta.
“Las constructoras cuando ganan una obra o se les entrega un proyecto, normalmente ese proyecto, en la mayoría de los casos, se tiene que modificar, porque no se hicieron la totalidad de los estudios necesarios”, apuntó.
Plazo de 45 días. Ruiz Esparza comentó que los servidores públicos investigados por la SFP tienen la obligación de responder a sus observaciones en menos de 45 días y, a su tiempo, el sector privado.
El martes pasado, la Función Pública informó que detectó 22 observaciones a cuatro contratos relacionados con la edificación de la obra, y que suman mil 34 millones de pesos por probables irregularidades.
Ruiz Esparza dijo que no es conveniente adelantar juicios y que cada persona involucrada tiene derecho a defenderse.
La CMIC reiteró que sigue exigiendo el detalle de los análisis del proceso de licitación para ver quién incurrió en qué falta.