Para el mes de agosto la actividad industrial de México registró una contracción de -0.7% respecto al mismo mes de 2012. La construcción (-5.1%) y minería (-2.2%) provocaron dicho resultado. El modesto avance en las manufacturas (1.6%) y del sector vinculado con la generación de electricidad, gas y agua (1.7%) no fue suficiente para compensar la caída.
Hacia el interior del sector de la construcción el panorama es preocupante, todos sus grandes componentes disminuyeron: edificación -4.1%, obras de ingeniería civil -8.3% y construcción especializada -3.6%. Dicha situación provoca que su ciclo económico permanezca a la baja, y con una pobre perspectiva para el resto del año.
En las manufacturas el escenario es mixto: una caída casi generalizada en los rubros asociados al sector textil, de la metalmecánica, fabricación de equipo eléctrico, elaboración de equipo eléctrico, industria química y plásticos. Crecimiento en sectores como el automotriz, manufactura de equipo de cómputo, maquinaria y equipo, mucho por la exportación.
Con dicho contexto se debe tener cuidado en los cambios estructurales que se desean aplicar con la Reforma Hacendaria: frenar la inversión privada exacerba los desequilibrios citados.
Los objetivos planteados por el Presidente de la República (impulsar el crecimiento económico, aumentar la productividad y generar una mayor equidad y justicia social), son positivos y sin lugar a dudas su consecución permitiría subsanar los problemas acumulados en México, pero para darles cumplimiento es preciso que se diseñen políticas consistentes con ellos. La Reforma Hacendaria debe ser el mecanismo.
Las empresas en México, y particularmente las nacionales, tienen claro que su aporte va más allá del ámbito económico que su incidencia llega a la vida diaria de las familias mexicanas.
La colaboración del sector público y el empresarial debe permitir alcanzar mayores niveles de bienestar, tener objetivos consensados representa la ventana de oportunidad. Las estadísticas de pobreza y crecimiento muestran que se debe actuar con eficacia; la marginación y desigualdad constituyen una losa que inhibe el desarrollo. Es fundamental que se promuevan políticas de aumento a la productividad. Ello conlleva a fomentar la inversión, eliminar impuestos distorsionantes y elevar la eficacia del gasto público.
Si merma la inversión difícilmente se incrementará la productividad. La capacitación, innovación tecnológica, escalamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y el acceso a insumos intermedios, entre otros elementos necesarios para la elevar la productividad dependen de que se tenga la capacidad de incrementar la inversión privada.
De acuerdo al Programa para Democratizar la Productividad (PDP) 2013-1018 este “coordinará las acciones de gobierno encaminadas a llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas”, un punto de vista sobre el que se debe avanzar así como con el planteamiento de que “el bajo crecimiento económico de México podría ser resultado de una lenta acumulación de factores, explicada, por ejemplo, por bajos niveles de inversión en capital humano o en maquinaria, equipo e infraestructura”.
Por tanto aumentar y modificar el esquema tributario, incidiendo en un mayor impuesto sobre la renta, o aplicar impuestos a la emisión de carbono cuando en el mundo hay un proceso de adaptación para garantizar que ello no inhiba al desarrollo industrial es algo que debe pensarse dos veces. Un aumento de 1% en los precios de gas natural, diesel, combustóleo y butano motivado por el impuesto al carbono arrojaría una contracción de las manufacturas por más de 10 mil millones de pesos anuales ¿Estamos en posibilidad de aplicarlo en plena desaceleración económica cuando el resto del mundo desarrollado aún lo evalúa? Veremos que deciden nuestros gobernantes.
* Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
