Se inauguró ayer el Foro de Integridad Empresarial de Buenas Prácticas para el Combate a la Corrupción, organizado por el Observatorio Ciudadano de Querétaro. Más de 70 empresarios y alumnos distinguidos de universidades participaron para aprender las bases necesarias para evitar la corrupción.
El foro es parte del Programa Ciudadano Contra la Corrupción y la Impunidad, realizado por el Observatorio Ciudadano de Querétaro, indicó su presidenta Yamile David Gallegos. El objetivo del programa es dar a conocer las buenas prácticas a nivel nacional e internacional de la iniciativa privada.
Cada año cerca del 9% del PIB se pierde por la corrupción en México, limitando los programas sociales y obras de gobierno, dijo. Celebró que Querétaro fuera el primer estado en establecer el sistema anticorrupción federal y reafirmó que es necesario aumentar su aplicación.
Para conseguir tal objetivo, el observatorio se ha dado a la tarea de informar de lo que trata el Sistema Nacional Anticorrupción, para que desde el hogar, academia o empresa, se dé uso de este recurso, dijo. Gallegos resaltó que las empresas están sujetas a sanciones por actos de corrupción lo que permite combatir tal problema.
La corrupción privada.
En la conferencia magistral del foro, se recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas de 2016 es la principal herramienta para asegurar la integridad empresarial debido a que la iniciativa privada está sujeta por primera vez a sanciones por acciones de corrupción. Las empresas con contrataciones de obra públicas y proveedoras de entidades gubernamentales, son las responsables ante la ley.
Las faltas graves definidas por la ley incluyen el cohecho, peculado, tráfico de influencias, actuar bajo conflicto de interés, soborno, participación ilícita en procesos administrativos, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, uso indebido de recursos públicos o contratación indebida de ex servidores públicos, definió Fabiola Mondragón, magistrada del Tribunal de Justica Administrativa del Estado de Querétaro.
En obras públicas y licitaciones se busca evitar que las empresas presenten información apócrifa sobre obras realizadas, contratos falsos o el mentir sobre la experiencia de la empresa, puso como ejemplo.
Es necesario que los empresarios conozcan que son acreedores de multas que van desde los 80 mil 600 pesos a los 120 millones 900 mil pesos por actos de corrupción. Además, las sanciones incluyen la suspensión de actividades de la empresa, disolución de la sociedad y pagos por indemnización, recordó. Las personas físicas están sujetas a sanciones desde 8 mil a 12 millones 90 mil pesos al igual que al pago de indemnizaciones, dijo.
