Un aspecto estratégico y de seguridad nacional a cubrir cuando México vive una desaceleración económica que se ha prolongado por casi dos años es evitar que la misma destruya las capacidades potenciales de su sistema productivo.
Uno de los yerros cometidos en la década de los años ochenta fue que el ajuste estructural aplicado sacrificó a la inversión tanto la pública como privada. En el primer caso la inversión promedió una contracción anual de (-) 5% en tanto que la parte privada lo hizo en (-) 0.1%. Con ello la llamada década pérdida generó un enorme rezago en construcción y en la renovación de la maquinaria y equipo con la que contaban las empresas.
Los efectos que ello tuvo sobre el resto de la economía se observan en la pérdida de productividad y competitividad que el país registró así como en la precarización del mercado laboral y con ello en el bienestar de la población.
Durante los años noventa la situación la renovación de maquinaria y equipo que las empresas realizaron estuvo fuertemente vinculada con la industria de las manufacturas, situación que permitió el fortalecimiento del aparato exportador pero que también tuvo su límite cuando este último privilegió a una industria maquiladora que no fue capaz de enfrentar la competencia de países con bajos costos laborales.
Si bien la inversión total se incrementó durante la primera década del nuevo siglo (2.5% en promedio anual) y que ello se dio de manera homogénea entre la parte pública y privada no puede soslayarse que el aumento fue modesto para un país que venía de dos décadas en donde la infraestructura y su renovación de maquinaria no habían tenido un buen desempeño.
Además la fase positiva que se observó en materia de edificación de vivienda gestó una crisis que ha llevado cerca de la quiebra a 3 de sus principales empresas. Con ello, el inició de la segunda década del siglo XXI manifestó una nueva contracción en materia de inversión pública, principalmente en construcción, y dejo al sector privado la responsabilidad de renovar la infraestructura y maquinaria de México.
Evidentemente que ello no es fácil cuando las empresas enfrentan impuestos que afectan su capacidad de inversión. La creación de impuestos como el IETU y el IDE no fue algo favorable para mejorar el entorno descrito. Los nuevos impuestos mejoraron los ingresos del sector público pero lo hicieron a costa de la inversión privada y con ello de la capacidad productiva de largo plazo de México. Ello ha tenido un efecto negativo sobre la creación de empleo formal.
Con la aprobación de la reforma hacendaria se dio un nuevo pasa para intentar fortalecer las finanzas públicas del gobierno federal, y su capacidad de gasto. Durante el primer trimestre la mayor recaudación, junto con el incremento de la deuda pública, se tradujo en la elevación del gasto total y de manera particular de la inversión pública, sin embargo en el mismo periodo la economía solamente creció en 1.8%.
Parte del problema es el freno que tuvo la inversión privada, particularmente la nacional y la que esta avocada al mercado interno. Es una historia conocida: a principios de la década de los años setenta el crecimiento anual del PIB potencial superaba el 6%. Como resultado de una década de gasto público improductivo, sustentado con endeudamiento, y de una falta de coordinación entre las políticas públicas y las estrategias del sector privado, para principios de los años ochenta el ritmo de crecimiento del PIB potencial solamente alcanzó un 4% anual. La crisis de la deuda, el aumento de impuestos, las restricciones a la inversión pública y privada provocaron que para principios de los años noventa el PIB potencial solamente aumentara a ritmos de un 2.2% anual.
Eso debe revertirse, por ello debe buscarse un nuevo marco de desarrollo, es momento de un Acuerdo por el Crecimiento Económico Productivo de México.
*Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
