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Si hay una industria en el país que pueda presumir los beneficios de la apertura de fronteras a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ésa es la automotriz, la cual se ha convertido en referente y motor de la economía mexicana en los últimos años debido al liderazgo obtenido en la región.
Ya no sólo supera al turismo y a la derrama económica por concepto de remesas, sino que las divisas por la exportación de automóviles a prácticamente todas las regiones del mundo han superado las ventas de la industria petrolera, insignia de la economía nacional y pilar fundamental de nuestras finanzas públicas.
No es cosa menor que desde hace una década, México se haya convertido en el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos, la segunda mayor potencia fabricante de vehículos en el mundo sólo superada por China y que tenía a Canadá como su principal socio comercial en este rubro hasta hace poco tiempo.
El territorio nacional ahora es tierra fértil para la captación de importantes inversiones de ensambladoras que ven al país como el territorio ideal para catapultar sus agresivos planes de expansión hacia América Latina, una región que ?no está de más decir? se posiciona como revulsivo en la recuperación de la economía en el orbe.
Si bien la industria muestra solidez en su estructura, con importantes firmas instaladas en el país, al menos cuatro nuevos proyectos en proceso y la consecuente atracción de transnacionales que se suman a la cadena de proveeduría, el país también requiere revisar los aspectos que no han permitido detonar su mercado interno.
Sí, México es el octavo productor de vehículos en el mundo y se perfila a ocupar dentro de muy poco tiempo la séptima posición “si se cumplen las expectativas trazadas por la industria” al rebasar a Brasil, pero también muestra signos de debilidad en el consumo doméstico debido a la falta de incentivos por parte de las autoridades, en una añeja demanda de empresarios industriales.
El sector automotriz mexicano se encuentra sumido en este rubro debido a la débil postura del gobierno para restringir el ingreso de autos usados provenientes de Estados Unidos, un fenómeno que afecta la renovación del parque vehicular en todos los segmentos de la población, ante la ausencia de políticas que promuevan la compra de modelos recientes por canales de venta formal.
A estas debilidades se suma la intención de reducir los beneficios fiscales en compra y arrendamiento de vehículos a partir de la deducibilidad del gasto, como parte de la reforma hacendaria promovida por el Ejecutivo y que se encuentra en proceso de debate en el Congreso de la Unión.
Con la reforma, las inversiones y el empleo en la industria se verían afectados ante la propuesta de eliminar el beneficio fiscal a las importaciones temporales y cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tanto a materia prima como al activo fijo, lo cual automáticamente causaría un incremento al costo del capital de trabajo requerido, ya que la devolución de este gravamen se haría hasta que el activo fijo o la materia prima sea exportada, lo que aumentará el costo de manufactura en México.
Dada la alta competitividad en el sector, este costo no podría transferirse al cliente final, lo que mermaría las utilidades de las empresas y, por tanto, México sería un país menos atractivo para invertir.
Otras afectaciones de la reforma son la prohibición de deducciones pagadas a partes relacionadas, el eventual impuesto a la distribución de dividendos, el límite a la deducción de ingresos y la eliminación de la deducción inmediata.
Esta situación, lejos de menguar el crecimiento de la industria, tendría que verse como área de oportunidad a revisar, para no detener el dinamismo mostrado en los últimos años, al igual que la profesionalización de la mano de obra, donde también hay mucho por hacer.
*Presidente Nacional del IMEF
