A siete años de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), se han destinado más de 500 millones de pesos para su aplicación; sin embargo, se reportan pocos avances.
Cada año, el Congreso de la Unión aprueba un promedio de 50 millones de pesos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para subsidiar a gobiernos locales para cumplir la armonización contable.
Los recursos canalizados sobre todo para los municipios, sirven para la capacitación de los funcionarios encargados de aplicar la LGCG. Sin embargo, es ese nivel de gobierno en donde se tienen los mayores retrasos.
La presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México, Rosa María Cruz Lesbros, dice que se cumplió el tiempo de gracia que se establece en la ley y no se ve un progreso.
Sobre los retrasos, la especialista en contabilidad gubernamental apunta: “Es darle la vuelta a la tortilla; la información ahora es pública y armonizada y no como antes que se argumentaba que era reservada o de seguridad nacional”.
Además, señala que se han dado muchos cambios como la descentralización de la educación y otra serie de cuestiones complejas para que se pueda dar una verdadera homologación de la contabilidad.
Año de Hidalgo. Destaca que antes no había una visión de contabilidad patrimonial que tiene que ver con el control de todos los bienes que el gobierno tiene para brindar servicios.
“Antes se hablaba del año de Hidalgo, en donde uno llegaba a municipios y no había nada; con este nuevo esquema de contabilidad gubernamental tiene que ver con el control de los bienes no sólo contar cuántos sillones hay sino cuánto valen”, explica.
Como ejemplo menciona lo que sucedió con la descentralización educativa, pues muchas de las escuelas no son de la Secretaría de Educación Pública, sino de la comunidad en donde las bancas las ponen los padres de familia o los mismos maestros.
El caso de Oaxaca es ilustrativo, comenta, porque de todos los bienes en materia escolar que tiene, más o menos 10% del total, son del Instituto Estatal de Educación.
Evalúa auditor. Si bien la ley es de aplicación gradual, muy pocos estados han podido seguir el calendario y la mayoría de los municipios están atrasados, según el Consejo de Armonización Contable (Conac).
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una de las debilidades que han manifestado los entes públicos es la falta de recursos económicos para implementar la ley conforme a los tiempos programados, pues se requiere de comprar licencias y equipo informático.