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Luego de que la Presidencia de la República interpusiera una controversia constitucional contra la decisión de un juez local del DF, en el sentido de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) carece de facultades para resolver sobre la retransmisión de señales de televisión abierta en empresas de TV de paga, la presidencia de la Suprema Corte turnó el recurso a la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien ayer lunes dictó un incidente de suspensión en torno al caso.
Con ello se paralizan y, hasta que se emita una resolución, nulifican los efectos de la resolución del juez 32 respecto a la competencia del IFT en el tema del must carry y must offer.
De acuerdo con el documento mediante el que se decreta la suspensión, la medida permitirá “conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del juicio”.
Respecto a la procedencia y efectos de la suspensión, la ministra aseguró en el mismo documento que la autoridad competente en este caso sí es el IFT, “por lo que esta competencia no puede ser desconocida por cualquier otro ente público so pretexto, incluso, de la tramitación de un diverso juicio en el que se ventilen derechos de índole patrimonial, como los derechos autorales en disputa. Ni mucho menos se puede avalar que una autoridad judicial local, que no tiene competencia para determinar las atribuciones del IFT, pretenda desconocer esa competencia que por mandato de la Constitución tiene atribuida el Instituto. Solamente la Corte puede establecer a quién corresponde o no un ámbito competencial constitucional”.
En los próximos días, Sánchez Cordero deberá analizar si admite el recurso del Ejecutivo, o si lo desecha por improcedente. Mientras tanto, su ponencia ya emplazó a la Presidencia, al IFT y al juez 32 de lo civil, a que hagan llegar su posicionamiento en torno a esta controversia.
En caso de que se determine su procedencia, Sánchez Cordero deberá elaborar un proyecto que será el que se discuta entre los ministros de la Corte.
En días pasados, expertos en materia de telecomunicaciones consultados por EL UNIVERSAL estimaron que la citada controversia parece buscar retrasar el procedimiento legal.