El recorte presupuestal que anunció el gobierno federal será suficiente en la medida en que se observe una estabilidad en las variables macroeconómicas de México, advirtieron los presidentes de diversas cámaras empresariales del país.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Gustavo de Hoyos, de la Confederación Patronal (Coparmex); Rodrigo Alpízar, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra); y Manuel Herrera Vega, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseguraron que con las acciones anunciadas se prevé una mayor estabilidad económica.
A pesar de que se recortarán 100 mil millones de pesos a Pemex, pidieron cuidar que la petrolera liquide sus adeudos con los proveedores.
Además, aumentar las tasas de interés a 3.75% implica un “encarecimiento del costo del dinero; no es algo que nos guste, sobre todo a las empresas que tenemos pasivos”, señaló Gustavo de Hoyos, pero ante el escenario económico mundial es preferible esta decisión para que los capitales reconsideren quedarse en México.
El sector privado espera que no sea necesario otro ajuste a las tasas de interés y que el recorte presupuestal se concentre en el gasto corriente (sueldos y salarios) y se implemente adecuadamente, explicó Castañón, quien agregó que el anuncio “es una señal adecuada que da tranquilidad”.
El recorte a Pemex exige un ajuste “racional y adecuado” de su gasto, para que se concentre en las actividades prioritarias de exploración y producción, y que busque lo más pronto posible alianzas con el sector privado.
Castañón dijo que al recortar 32 mil millones de pesos de su gasto, el gobierno deberá enfocarse en prioridades como seguridad y desarrollo social.
Para la Concamin, es necesario complementar las medidas con fortalecimiento del mercado interno, aumento del contenido nacional, evitar recortar el presupuesto a inversión física, y que Pemex e instancias públicas liquiden sus deudas con proveedores.
El CEESP aseguró que prácticamente este es el primer recorte presupuestal que aplica el gobierno, pues en 2015 no se hizo a pesar de su anuncio.
